Archivo - Vista de una sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, a 30 de abril de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La comisión de estudio de la Asamblea de Madrid sobre el impacto de la quita de deuda catalana, acordado entre PSC y ERC, en la región ha arrancado este viernes con la presencia única del PP y con la advertencia de expertos económicos y constitucionalistas de las "consecuencias negativas" en la equidad del sistema.
Ha sido el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, el primero en intervenir en la Cámara regional, donde ha recalcado que el acuerdo fiscal "implica una reducción de la aportación neta de Cataluña a las arcas del Estado, así como la aportación de los catalanes", que estaría entre 6.500 y 13.000 millones anuales.
"Es inconsistente. Cataluña es una comunidad grande, que no está mal financiada, está en la media. Si queremos darle mucho dinero a Cataluña, pues tendrá que salir de otros sitios, muchos de los cuales están peor financiados. No es algo que podemos hacer sin herir a terceros. No podemos darle mucho más dinero a gente que ya tiene bastante y pretender que esto no va a tener consecuencias negativas desde el punto de vista de la equidad del sistema", ha defendido.
De la Fuente ha subrayado que la recaudación de impuestos es una actividad en la que "hay enormes economías de escala y de alcance", en la que el control de toda la información sobre todos los contribuyentes en todas sus actividades en todo el territorio "es esencial".
"Si esto lo troceamos en dos ya es un problema. Se perderían economías de escala, sería más caro hacer lo que ya se hace y, sobre todo, se perdería la capacidad de control. Además, se nos iría bastante dinero por las rendidas. Para el conjunto del país, este movimiento hacia un sistema de concierto no es una buena noticia. Es preocupante y nos lo venden como si fuera un avance hacia la federalización, cuando es todo lo contrario", ha recalcado.
El director ejecutivo de Fedea ha insistido en que "lo que se está proponiendo aquí no es más federalismo" y ha alertado que lo que se está proponiendo es "desequilibrar un sistema en favor de los territorios, dejando a la Administración central en una posición subordinada y difícilmente eficiente".
Ha afirmado que ese modelo es "un cupo catalán" y ha advertido que esta situación "podría ser generalizable". "Una vez que se abre la puerta a la extensión de otras regiones distintas de las forales, pues todo iría en la dirección de generalizarse", ha apuntado De la Fuente.
REFORMA EN LA CONSTITUCIÓN
Por otro lado, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Raúl Canosa, ha aseverado que el artículo 138 de la Constitución señala que "los estatutos no pueden establecer privilegios".
"Si los estatutos no pueden, tampoco las leyes. Eso condiciona la acción del legislador estatal. No olvidemos que el resultado de la evolución del modelo ha sido que las comunidades se nutren sobre todo. Esto realza todavía más la importancia del legislador estatal. Se nutren esos ingresos de las comunidades autónomas de tributos cedidos por el Estado", ha reiterado
Canosa ha defendido que "sería necesaria una reforma" en la Constitución si la propuesta es una financiación singular para Cataluña, con una disposición adicional sobre la excepción del régimen común.
"Podría ser contraria a la Carta Magna porque pasar de un sistema federalizante a un sistema confederal ya no es una cuestión de intensidad, sino de grado y de otra naturaleza. La potestad originaria del Estado quedaría vaciada junto con la competencia exclusiva del Estado en materia de Hacienda y de deuda", ha subrayado.
EL PP VE QUE "SE ROMPERÁ LA SOLIDARIDAD"
El parlamentario 'popular' Ángel Alonso ha criticado el "acuerdo biletaral negociado a espaldas del resto de la comunidades autónomas" y ha asegurado parte de "una premisa falsa sobre que Cataluña tiene un problema de financiación".
"Nosotros entendemos que no está infrafinanciado y que lo que tiene es un problema de gestión. Si es que la aportación de Cataluña al Estado pasa a reducirse considerablemente, eso supone poner en riesgo la prestación de los servicios públicos de muchas comunidades autónomas y se rompe los preceptos de solidaridad entre comunidades y de igualdad entre los ciudadanos", ha manifestado.
En esta línea, el diputado del PP Francisco Galeote ha añadido que este acuerdo es "un desafío al Estado porque busca reivindicar el estatuto de Cataluña, que el Tribunal Constitucional ya tuvo que declarar inconstitucional, aunque fuera parcialmente, así como de otras normas que vinieron después".
"Hemos llegado hasta aquí porque hay un interés convergente entre el PSOE, el PSC y los separatistas. El PSOE porque obtiene el poder en el Estado y en Cataluña y los separatistas porque avanzan en su proyecto soberanista. Además de conseguir el poder a cualquier precio, la motivación ideológica de los socialistas es avanzar hacia un Estado confederal", ha indicado.