Entre otros, la Comisión de Cuidados Paliativos de Área y el Comité de Seguimiento de la Evolución Epidemiológica de la Gripe
MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública ha denunciado, a través de un comunicado, que el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid remitió la semana pasada al Consejo Económico y Social supone la eliminación de 26 organismos relacionados con la salud de los madrileños.
Este colectivo enumera hasta 24 órganos dependientes de la Consejería de Sanidad, 12 de ellos comisiones como la de cuidados paliativos de área o la de análisis y gestión de situaciones de crisis en el ámbito de las competencias de la Consejería.
Las supresiones denunciadas por este colectivo afectan también al Comité de Expertos de la Hepatitis C en la Comunidad de Madrid, al Comité para la Prevención, el Control y Seguimiento de la Evolución Epidemiológica del Virus de la Gripe y al Observatorio Regional de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos
En lo referente a otras consejerías, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública critica la supresión de la Comisión de Calidad del Aire dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo dependiente de la Consejería de Empleo.
Además, este colectivo denuncia la ya conocida supresión del Defensor del Paciente y también la del Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid.
"ESCASA IMPORTANCIA DE LA SANIDAD"
Para la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, "estos hechos evidencian de nuevo la escasa importancia que concede el Gobierno de Madrid a la salud de los ciudadanos". Según este colectivo, "cuestiones tan relevantes como la atención primaria, la salud mental o la informática se quedan sin ningún apoyo técnico en la Consejería".
"Desaparece el Defensor del Paciente y la comisión de seguimiento y evaluación de las quejas y reclamaciones, dejando desatendida la única vía no judicial que tenían los ciudadanos para plantear sus reclamaciones", critica la asociación.
Las críticas alcanzan también a la planificación y el control públicos ya que esta asociación asegura que "serán las consultoras privadas las que, con mayor coste y con los sesgos de los intereses económicos, marcaran la política sanitaria de la Comunidad".
