D.SINOVA/COMUNIDAD DE MADRID
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de cinco millones de euros para un primer paquete de ayudas económicas y asistenciales a víctimas del terrorismo.
Según ha detallado el vicepresidente regional, Pedro Rollán, en rueda de prensa, este importe podrá ampliarse hasta los 15 millones de euros a lo largo de 2019, con el objetivo de "atender las necesidades de los damnificados por acciones terroristas" al amparo de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo, aprobada por la Asamblea de Madrid.
Dicha normativa, tal y como ha recordado posteriormente el Gobierno regional, contempla indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos o psíquicos para víctimas de atentados terroristas cometidos dentro y fuera de España. Esta prestación será equivalente al 30 por ciento de la ayuda que concede la Administración General del Estado en el mismo supuesto.
La norma incorpora, además, medidas asistenciales. Así, se asegura la atención sanitaria y psicológica gratuita a víctimas y personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia. Se garantiza, asimismo, intervención psicopedagógica gratuita para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria que sufran problemas de aprendizaje como consecuencia de una acción terrorista. La norma incluye también medidas en materia de empleo, cultura, deporte y acceso a la vivienda pública.
La Ley para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid dispone ayudas para la reparación de daños materiales en la vivienda habitual, con un límite de 45.000 euros po siniestro, así como para el alojamiento provisional mientras dure la reparación. Del mismo modo, se recoge el cambio de vivienda en caso de siniestro total tras una acción terrorista, con una valoración que oscilará entre el 80 por ciento y el 100 por ciento del valor real de la vivienda afectada.
Tienen derecho a las ayudas las víctimas que cuando sufrieron un atentado terrorista estaban empadronadas en la Comunidad de Madrid. Atendiendo a una solicitud de las asociaciones de víctimas, la ley contempla que en caso de ausencia de empadronamiento en el momento del atentado, los afectados tengan derecho a las prestaciones si se acreditan haber residido en la región con anterioridad, por un tiempo equivalente a las dos terceras partes de su vida.