El convenio incluirá la construcción de un hospital y de 600 viviendas, al menos el 30 por ciento con algún tipo de protección
MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid confirmó haber llegado a un acuerdo con el Ministerio del Interior así como la firma en las próximas semanas para desbloquear el traspaso de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, paralizada desde hace once años.
Este convenio contó en el Pleno de hoy con el respaldo del PP y del PSOE, que votaron favorablemente una moción de urgencia presentada por el Gobierno municipal mientras que IU se opuso. Este apoyo de los dos partidos se traducirá en el respaldo a la propuesta para que Interior renuncie a sus derechos urbanísticos sobre 41.000 metros cuadrados de los 129.000 de edificabilidad que tiene como propietario del suelo. Esa reducción de edificabilidad permitirá construir equipamientos como un hospital público.
El convenio que se firmará en las próximas semanas con el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba también incluirá otra petición del Ayuntamiento, apoyada asimismo por PP y PSOE, por la que las 1.300 viviendas inicialmente previstas en el Plan General de 1997 pasarán a 600 viviendas, al menos el 30 por ciento de ellas con algún tipo de protección. El Ministerio, según declaraciones de concejales de la Corporación, se mostraría conforme con estas peticiones.
Los terrenos de la cárcel, que beneficiará a los vecinos de Latina y Carabanchel, se destinarán a la construcción de un hospital, una comisaría, ya en funcionamiento, un centro de memoria histórica y relacionado con la paz y otros equipamientos públicos que tendrá que determinar la Junta Municipal y que podrían ir desde un centro de mayores hasta una escuela infantil, como especificó la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, en el Pleno celebrado hoy.
LAS ACTUACIONES PODRÍAN EMPEZAR ANTES DEL VERANO
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, adelantó que las actuaciones previstas en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel podrían empezar después del verano "si la Comunidad de Madrid mete la directa". Lucas explicó que no es necesario modificar el Plan General para llevar a cabo las actuaciones ya que se pueden llevar adelante cambiando el Plan Parcial que desarrolla la zona.
Concluyó recordando el compromiso del ex concejal Ignacio del Río, presente en el Gobierno de José María Álvarez del Manzano, para destinar el 10 por ciento del suelo que le corresponde al Ayuntamiento de Madrid a equipamientos públicos. Entre ellos destacó la necesidad de que el hospital comprometido por la Comunidad de Madrid debe ser "público y de gestión directa".
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, rechazó de nuevo la construcción de viviendas en los terrenos de la antigua cárcel apostando por sustituirlas por equipamientos públicos. El líder de la coalición de izquierdas explicó su oposición a respaldar el futuro convenio con Interior al considerar que la necesidad de vivienda en los dos distritos afectados ya está cubierts con el PAU de Carabanchel y la futura Operación Campamento. Añadió además que las viviendas "no son instrumentos financieros para pagar otras infraestructuras".
Durante la celebración del Pleno, la delegada de Urbanismo consideró "inviable" el planteamiento de IU porque se debería indemnizar al propietario de los terrenos, el Ministerio del Interior, por la renuncia a los derechos urbanísticos que le confiere el Plan General, frente a la propuesta "realista" defendida tanto por el PP como por el PSOE.
LA POSTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, desconocía ayer el acuerdo entre Interior y el Ayuntamiento de Madrid aunque apuntó que el Ejecutivo autonómico ve con buenos ojos todo lo que vaya dirigido a la obtención del suelo necesario para la construcción de un hospital, tal y como demandan los vecinos.
González recordó que la Comunidad de Madrid solicitó esos terrenos de manera reiterada al Gobierno de la Nación con el objetivo de hacer un hospital. "Lo que se producía inicialmente era una petición por parte del Ministerio de una operación fundamentalmente especulativa y, en este sentido, las negociaciones fueron paralizadas en su momento por Interior porque estaban de por medio las elecciones generales", subrayó el vicepresidente.
CAMBIO DE USO DE LOS TERRENOS
El Ayuntamiento de Madrid advirtió el pasado marzo que tenía competencia exclusiva para autorizar el cambio de uso de los terrenos ocupados por la antigua cárcel de Carabanchel, ya que están dentro del término municipal y, por tanto, sujetos a las estipulaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Ante la propuesta de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), que imponía ciertas condiciones para el futuro uso del solar del antiguo penal, donde la presidenta Esperanza Aguirre quiere construir un hospital, el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón subrayó entonces que el Consistorio es quien tiene la última palabra. "Ni la Comunidad de Madrid ni el Ministerio pueden sacar el plan de la cárcel de Carabanchel adelante sin contar con el Ayuntamiento", resumieron fuentes municipales.
Y es que a pesar de que el solar es propiedad de Interior, el Ministerio debe "ceder obligatoriamente" al Ayuntamiento el derecho de superficie para instalar en la zona cualquier tipo de equipamientos, reveló un documento interno de Gerencia de Urbanismo.
El Ayuntamiento destacó entonces que los suelos para el hospital están calificados de equipamiento general con carácter singular en el PGOU, lo que significa que, aunque la propiedad es del Ministerio del Interior, el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba está obligado a ceder el derecho de superficie gratuito de los solares al Ayuntamiento. Así, el Ayuntamiento considera que es su Administración la única que puede otorgar un cambio de uso de los terrenos, autorizando o no la instalación del resto de las propuestas.
LOS VECINOS RECLAMAN MÁS EQUIPAMIENTOS
La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) mostró a su vez su oposición a la construcción de viviendas en los terrenos del antiguo penal ya que demanda que la parcela se utilice en su totalidad para construir equipamientos sociales de gestión pública.
La oposición al uso residencial de los terrenos se basa en la sobresaturación de viviendas de la zona. Los vecinos reclaman la construcción de un hospital público con camas y especialidades suficientes para atender a la población de los dos distritos, una residencia pública para la tercera edad, el mantenimiento de parte del edificio de la vieja prisión para ubicar un centro cultural vinculado a la memoria histórica así como una instalación universitaria.
Latina y Carabanchel son los dos distritos más poblados de la ciudad con más de 500.000 habitantes. Además cuentan con un "grave déficit equipacional", argumentan las entidades vecinales, por lo que el suelo público debería destinarse a cubrir las necesidades sociales.
