MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha criticado, tras realizar un primer estudio del documento sobre financiación autonómica presentado por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, su "inconcrección" y le acusó de ser una propuesta "demasiado abierta".
Según informó ayer el Gobierno regional, este documento "recoge buena parte de los principios que el Gobierno regional sostiene desde que presentó el 10 de julio su Decálogo de Financiación Autonómica, fundamentalmente en lo referido a la actualización de la población, el respeto al principio de solidaridad y a la negociación del modelo a través de una negociación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera".
Sin embargo, para Beteta, el documento presentado esta mañana "no es más que la segunda edición de una gran incógnita plagada de declaraciones de intención y sin una sola cifra que lo respalde y que permita a las regiones conocer su verdadero alcance".
"Por tanto, nos encontramos ante un documento totalmente abierto que no aclara cual va a ser el modelo de financiación que propone la Administración central. Una propuesta de modelo de financiación debe necesariamente concretarse en datos, cifras, criterios de ponderación, perfectamente claros y nada de esto aparece en el documento que presenta hoy el Estado", señaló el consejero madrileño.
Asimismo, Beteta se preguntó "cómo se van a pronunciar las comunidades autónomas sobre una serie de hipótesis donde el encaje de opiniones puede que resulte más que complicado y sin contar con una sola cuantía", para señalar que esto parece "una novela de misterio que, esperemos, no acabe en otra del género de terror".
Así, según indicó, el documento dice que se van a reforzar las prestaciones del Estado del Bienestar, mediante recursos adicionales que recibirán las comunidades autónomas, "pero no aclara cual será su cuantía". "Sigue diciendo que dichos recursos adicionales se repartirán en función de la población actual, de los incrementos poblacionales de los últimos años o de la población en situación de dependencia, pero tampoco se aclara la ponderación de cada uno de estos elementos", argumentó.
INCERTIDUMBRES
Igualmente, a juicio de Beteta, la propuesta estatal habla de la creación de Fondos de Convergencia, "pero su cuantía y el sistema de distribución de los recursos derivados de los mismos se posponen hasta la fase final de la negociación". "Tampoco se aclaran las ponderaciones de las variables que determinarán la financiación de los servicios públicos fundamentales (población, dispersión, superficie, insularidad o población protegida)", apuntó.
Además, Beteta afirmó que el documento propone una importante novedad que consiste en que una parte de los recursos tributarios de las Comunidades Autónomas no deberán estar destinados a garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales del conjunto de las regiones, "pero tampoco se determina el porcentaje para su fijación".
"Como puede verse, la propuesta estatal no determina en forma alguna la financiación que tendrán las Comunidades en el año base. En esta línea de permanente incógnita tampoco se aclara cual será su evolución en los siguientes años", señaló Beteta, quien añadió que así "se afirma que el Fondo de Suficiencia evolucionará por el ITE o indicador que se acuerde, y los Fondos de Convergencia, por el indicador que se acuerde".
En materia de cesión de tributos, el documento contiene las previsiones del Estatuto de Cataluña de ampliar los porcentajes de cesión del IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales hasta el 50 por ciento, 50 por ciento y 58 por ciento, respectivamente.
Además, el consejero declaró que se deberá aclarar "si se trata de una errata cuando al hablar el documento de la Lealtad Institucional se dice que 'la valoración resultante se compensará, en su caso, como modificación del sistema de financiación para el siguiente quinquenio'". "Evidentemente, se desvirtuaría totalmente el principio de lealtad institucional si su aplicación se postergara a otro quinquenio", subrayó.
PREOCUPACIONES POR EL COMITÉ TÉCNICO PERMANENTE DE EVALUACIÓN
El consejero de Economía y Hacienda mostró también su preocupación por la creación de un nuevo órgano, llamado Comité Técnico Permanente de Evaluación, al que se le asignan funciones con una gran incidencia en el montante efectivo de la Financiación Autonómica y su evolución "sin aclarar su composición o forma de trabajo".
"Igualmente resulta inquietante que el Fondo de Competitividad, que es el que tiene por objetivo igualar la financiación per cápita de las regiones para conseguir una mayor equidad y justicia en el modelo, se articule de manera que penalice a las Comunidades Autónomas que utilicen su capacidad normativa para bajar los impuestos", señaló Beteta, para quien este condicionante es "doblemente contradictorio".
"En primer lugar, no se entiende que la propuesta estatal pretenda ampliar la capacidad normativa tributaria de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el Estatuto de Cataluña, para después limitar el ejercicio de esa capacidad normativa por la vía del Fondo de Competitividad", apuntó Beteta, quien se preguntó: "¿Para que se da la capacidad normativa? ¿sólo para subir los impuestos?".
Por otra parte declaró que los modelos de financiación, mediante el sistema de la recaudación real y normativa, ya hacen corresponsables a las Comunidades de su política fiscal, de tal forma, que "deben asumir las consecuencias de sus decisiones en la materia por el incremento o la bajada de la recaudación". "Por tanto, ¿qué sentido tiene penalizar dos veces la posibilidad de bajar impuestos?", inquirió.
Finalmente, Beteta comentó que el documento presentado hoy por el Gobierno demuestra "que los largos paréntesis que ha venido sufriendo el sistema de financiación hasta hoy no han servido ni siquiera para clarificar sus términos". "Es evidente que para conducir la negociación con eficacia es imprescindible que las regiones conozcan al menos alguna cifra relacionada con el nuevo modelo", concluyó.