MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid sustituirá las esposas que exhibieron sus diputados en el Pleno del pasado jueves por la presentación de una proposición no de ley (PNL) con la que pretende que los dos grupos de la oposición (PSOE e IU) pidan el cese del ministro de Defensa, José Antonio Alonso, al que el PP considera "bajo sospecha" por la sentencia que condena a los tres policías nacionales que detuvieron ilegalmente a dos de sus militantes.
La iniciativa, que insta al Ejecutivo de la Comunidad a dirigirse al Gobierno central para que "se exijan las responsabilidades políticas que se derivan del atropello de los derechos de dos vecinos de la Comunidad de Madrid", será defendida personalmente por el portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, y se debatirá en la sesión plenaria del próximo 1 de junio, según explicaron a Europa Press fuentes populares.
El grupo mayoritario del Parlamento madrileño sostiene que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial "demuestra la ilicitud de las detenciones", y reclama, en consecuencia, el "cese inmediato" del entonces ministro de Interior y hoy titular de Defensa, José Antonio Alonso, por "el apoyo prestado a esa actuación y por mentir en el Parlamento".
Según los populares, "la responsabilidad del primer caso de detención política de la democracia no se puede agotar con el cese del delegado del Gobierno", Constantino Méndez, sino que "debe afectar al que fuera en dicha época ministro del Interior". "Un gobierno democrático no puede albergar en su seno a un ministro marcado por dos detenciones políticas y que ha mentido al Parlamento", afirman.
Del mismo modo, el PP pedirá al Pleno de la Cámara que exprese su "solidaridad" con las víctimas de "este grave atropello a la democracia" y defienda "la reparación del honor y la fama" de los militantes populares Antonia de la Cruz e Isidoro Barrios.
RESTITUCIÓN DEL INSPECTOR AFECTADO
En su iniciativa, el Grupo Popular también solicita que "se reponga de manera inmediata en su puesto y funciones al inspector de policía que fue relevado y expulsado de sus funciones, es decir represaliado, por oponerse a realizar esas actuaciones que han sido calificadas de delictivas por la Audiencia Provincial".
En este sentido, sostiene que este inspector es "un ejemplo de policía judicial que, con buena fe, en conciencia, y con pleno respeto a los derechos de los ciudadanos, se negó a practicar las detenciones de dos personas contra las que no había elementos incriminatorios para restringir su libertad". "¡Es el perfil que deseamos para nuestra policía judicial!", se exclama en la iniciativa.
Por último, el PP quiere que el Parlamento regional exprese su "reconocimiento y apoyo" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "cuya encomiable labor no debe ni puede verse enturbiada por ninguna tentación de utilización o instrumentalización política".
