La Comunidad defiende la compatibilidad de actividades en el monasterio de Pelayos de la Presa con su protección

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha defendido que las actividades culturales que se desarrollan en el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa, son compatibles con su conservación, y ha subrayado una inversión de más de 2,5 millones de euros desde el año 2010 en la protección de este enclave monumental del siglo XII, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) en 1984.

Así lo ha asegurado el director general de Patrimonio y Cultura de la Oficina del Español, Bartolomé González, en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid, tras una pregunta de la diputada de Más Madrid Alicia Torija sobre la compatibilidad de estas actividades con la protección del bien. "La respuesta es sencilla, sí", ha afirmado al inicio de su intervención.

González ha defendido el "compromiso sostenido" del Ejecutivo autonómico con la conservación de este enclave, con una inversión acumulada de 2.509.000 euros desde 2010 destinada a estudios, restauraciones arquitectónicas, consolidaciones estructurales, accesibilidad o catalogación.

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid entiende que la puesta en valor del patrimonio cultural, cuando se realiza de forma ordenada, controlada y respetuosa, constituye una herramienta esencial para garantizar su protección a largo plazo", ha señalado.

PROTOCOLO DE USOS Y CONTROL DE ACTIVIDADES

Por su parte, la diputada de Más Madrid Alicia Torija ha criticado la "ambigüedad" en las respuestas del Gobierno regional sobre este protocolo y ha asegurado que hace menos de un mes se le trasladó que dicho documento no existía.

"¿Dónde está ese protocolo? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un protocolo?", ha planteado, al tiempo que ha pedido aclaraciones sobre quién lo elabora y qué papel tiene la fundación gestora o el Ayuntamiento.

Al respecto, el director general ha explicado que existía un documento anterior con una vigencia determinada que había caducado y que ha sido renovado. Según ha detallado, el nuevo protocolo ha sido elaborado por la Dirección General, en colaboración con técnicos municipales y la Fundación que gestiona el monasterio, y establece el marco regulador de los usos de este enclave.

Asimismo, González ha detallado que este documento fija que solo se autorizan actividades que cumplan condiciones como su carácter temporal, el control de aforos y recorridos, la ausencia de riesgos para los elementos originales del bien y la coherencia con sus valores simbólicos.

Además, ha indicado que todas las actividades están sujetas a evaluación previa y a un sistema de supervisión que permite suspender cualquier actuación que pueda comprometer la integridad del monumento.

MÁS MADRID VE "AMBIGÜEDAD" Y PIDE MÁS CONTROL

La diputada de Más Madrid ha señalado que la "ambigüedad" de respuestas por parte del Gobierno regional genera "inquietud" sobre la protección del monasterio, al que ha definido como "una de las joyas patrimoniales" de la región.

En este sentido, ha recordado la polémica del pasado año por la celebración del 'Monasterio Festival', una cita de formato reducido, de tipo cantautor, que contemplaba un aforo de medio millar de asistentes en el monumento.

Además, ha puesto en duda la idoneidad de la presencia de elementos como grupos electrógenos o colillas en este enclave BIC. Aunque ha defendido que el patrimonio debe tener uso, ha insistido en que este debe ir acompañado de una "muy estrecha vigilancia" que, en su opinión, debe ejercer la Comunidad de Madrid.

En su turno de cierre, González ha aclarado que los protocolos tienen una vigencia temporal y se revisan y actualizan en función de la evolución del monumento y de los usos.

Ha precisado que el protocolo es aprobado por la Dirección General, aunque se pone en conocimiento de la fundación, que puede plantear aportaciones. "El protocolo lo aprueba la dirección general", ha recalcado.

Asimismo, ha insistido en que la Comunidad mantiene una supervisión constante y actúa cuando detecta actividades inadecuadas. "Cuando ha habido alguna pretensión de hacer algún evento que no preservaba los valores del bien, hemos puesto todas las pegas y no se han hecho", ha asegurado, defendiendo que el uso del patrimonio debe ser siempre compatible con su conservación.