"Ginés tenía sometido a todo el pueblo de Coslada", asegura uno de los agentes encarcelados
MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El juez Eduardo Cruz Torres, que instruye el caso sobre una supuesta trama de corrupción policial en Coslada, confirmó esta tarde las órdenes de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza dictadas contra 13 agentes de la Policía Local de este municipio por su supuesta vinculación a la mayor trama de corrupción policial desmantelada en España, informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Tras celebrar esta mañana las vistillas para escuchar a los encarcelados, el magistrado acordó mantener las medidas privativas de libertad dictadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Coslada, María de las Nieves Martínez, contra once de los policías y por el juez de Instrucción número 7 de Madrid contra otros dos. Tras dictar sus autos, ambos magistrados se inhibieron a favor de Cruz, a quien remitieron las actuaciones practicadas hasta entonces.
Los agentes que cumplen prisión preventiva en la cárcel de Alcalá Meco desfilaron desde las 10.00 horas ante el instructor, quien celebró comparecencias individuales para ratificar los ingresos en prisión. En los pasillos, uno de los agentes aseguró, a preguntas de los medios, que "Ginés tenía sometido a todo el pueblo de Coslada" y que "ya le tenía miedo desde los 15 años".
Una vez que fueron trasladados a las dependencias judiciales, los imputados fueron conducidos, uno a uno, al Juzgado número 21 de Madrid para que el magistrado les informara, en presencia de sus abogados, sobre su situación personal. Cabizbajos, con el rostro cubierto con capuchas y esposados, los encarcelados hicieron el paseíllo ante los periodistas congregados en los pasillos. También lo hizo Ginés Jiménez, el oficial jefe de la Policía Local, quien se negó a contestar a los medios. El supuesto cabecilla de la banda era el único que iba con el rostro descubierto.
Ante la tromba de preguntas de los informadores, algunos de los agentes se declararon inocentes y atribuyeron a Ginés su implicación en la red corrupta. "Ginés nos ha metido en todo esto" o "Estoy aquí por culpa de Ginés" fueron algunas de las frases más sonadas que salieron de la boca de los policías. El abogado Alberto Fernández-Palacios, que defiende a la mano derecha de Ginés, aseguró que su cliente manifestó al juez que se había visto "arrastrado por el oficial jefe de la Policía".
"LE TENÍA MIEDO DESDE LOS 15 AÑOS"
El que se despachó a gusto fue Fernando J.M., de 30 años, al que se le imputa asociación ilícita, abusos sexuales, lesiones, prevaricación y delitos contra la integridad moral, entre otros tipos penales. Mientras el agente y los guardias civiles que le custodiaban esperaban el ascensor, los periodistas le preguntaron sobre su relación con el considerado líder de la banda. "¿Seguías órdenes de Ginés", le inquirieron, a lo que respondió: "No. Ginés tenía sometido a todo el pueblo de Coslada. Yo ya le tenía miedo desde los 15 años".
A preguntas sobre 'El Bloque', Fernando explicó que simplemente "era un grupo de amigos" que salían a cenar "con las mujeres". "Pero ¿teníais hasta banderas e himnos?", le interpeló una periodista, a lo que contestó: "Eran tonterías de críos". El agente interrumpió su testimonio al ser reprendido por uno de los guardias civiles. Entonces agachó la cabeza y dejó de hablar.
En los pasillos de los Juzgados se vivieron momentos de tensión cuando las novias de los agentes insultaron a algunos periodistas. "A esos no les contéis nada", le dijo una de las mujeres al abogado de su pareja. Muchas quisieron estar junto a sus compañeros sentimentales y no dudaron en abrazarles cuando salían de las dependencias del juez Cruz. "Eres inocente. Estoy contigo. Vamos a salir de esta. Yo te quiero. No llores. Sé fuerte", dijo entre sollozos una de las chicas.
LIBERTAD BAJO FIANZA
En las vistillas, los abogados defensores solicitaron al juez la sustitución de la medida de prisión por libertad condicional y bajo fianza, así como el levantamiento del secreto sumarial para poder ejercer con todas las garantías procesales la defensa de sus clientes. "No tenemos acceso a las grabaciones. No estuvimos presentes en los registros. No sabemos quiénes han sido objeto de seguimiento", se quejó Fernández-Palacios.
El letrado José Andrés Díez Herrera, que representa a Ginés --pero tiene previsto renunciar hoy a su defensa--, manifestó que su cliente reconoció al juez que era "consciente de la alarma social" creada y que "no hay riesgo de fuga", teniendo en cuenta que ya ha sido suspendido de empleo y sueldo por un plazo de seis meses. "Ginés está preocupado por la imagen que se está dando de él. Los medios le apuntáis como el cabecilla, pero a día de hoy no se le imputa asociación ilícita", apostilló.
La mayoría de los abogados ha solicitado ya al instructor que tome declaración a las prostitutas que denunciaron hace más de cinco meses la existencia de una trama corrupta de policías. Las meretrices desvelaron la supuesta red corrupta en el marco de una investigación dirigida por la Brigada de una mafia rumana de trata de blancas. Además, el juez prevé iniciar la próxima semana la citación de los testigos protegidos.
A PRISIÓN
El pasado domingo, el juez de Instrucción número 7 de Madrid envió a prisión a dos de los agentes por los delitos de asociación ilícita y abusos sexuales, mientras que en la madrugada del martes la juez de Coslada ordenó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de Ginés y otros diez imputados. Para dos de los agentes, David M.G. y Pedro P.F., la magistrada decretó cárcel eludible bajo fianzas de 6.000 euros y 12.000 euros, respectivamente. Estos policías abandonaron en la tarde de ayer la prisión de Alcalá Meco tras depositar el dinero de las finazas.
Al conocido como 'El Sheriff' se le imputan delitos de extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho y tenencia y depósito de armas. A su 'número dos', Carlos M.G., se le acusa de asociación ilícita, incitación a la prostitución, abusos sexuales, contra la integridad moral, lesiones, sustracción y apropiación indebida de droga y dinero, prevaricación, estafa y contra la Administración de Justicia por la manipulación de pruebas.
En sintonía con los criterios de la fiscal, la magistrada basó su solicitud de prisión en la gravedad de los hechos cometidos, en la posible obstrucción a la acción de la justicia, el abuso de autoridad y la alarma social. Los abogados recriminaron que esta última circunstancia no está prevista en la LEC como fundamento para enviar a un imputado a prisión preventiva.
