Su abogado denuncia que ayer le robaron en el aeropuerto de Barcelona un maletín con los documentos que tenía previsto presentar
MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ginecólogo Carlos Morín no reconoció hoy durante su declaración como imputado ante la jueza de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, su firma en varios documentos administrativos de la clínica 'CB Medical Ginemedex', que se investiga por presuntas irregularidades en la práctica de abortos detectadas por la Consejería de Sanidad a raíz de una inspección rutinaria practicada a mediados de diciembre.
La declaración se produce apenas unas semanas después de que Morín abandonase la prisión por orden de la Audiencia de Barcelona que decretó su libertad sin fianza tras permanecer encarcelado desde el 30 de noviembre. La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, le acusó de liderar en la Ciudad Condal una trama de práctica de abortos ilegales en los tres centros médicos que tiene en Barcelona.
La comparecencia de esta mañana está encaminada a que la magistrada delimite la responsabilidad penal de los socios de la clínica 'CB Medical Ginemedex', la filial en la capital del centro de Morín en Barcelona. Aunque su abogado, Francesc Campà, rehusó especificar la imputación de su cliente, la fiscal adscrita al Juzgado aclaró que la acusación se sustenta en la comisión de varios supuestos delitos de aborto ilegal.
Tras declarar, Morín salió del Juzgado del mismo modo en el que entró, es decir, sin ningún tipo de medida cautelar. La fiscal, la única parte personada, no vio necesario la imposición de ninguna fianza u otra medida. El imputado abandonó la sala del Juzgado de Instrucción con gesto serio y la cabeza alta. A preguntas sobre su declaración, se limitó a responder a los periodistas con un escueto "muy bien". Tras pronunciar estas palabras, su letrado le recomendó callar.
A las puertas de la secretaría del Juzgado, Campà contestó a la tromba de preguntas formuladas por la prensa sin ningún tipo de precisión. "Sólo ha contestado lo que sabía. Lo que podía conocer de las dos ó tres veces que venía a Madrid a supervisar", manifestó, al tiempo que subrayó: "Esto no tiene nada que ver con lo de Barcelona, al menos en apariencia. No le han preguntado nada en concreto. Toda ha girado sobre un conocimiento general de la clínica".
"No se detecta imputación, salvo 'culpa in vigilando'", recalcó Campá, aludiendo a la expresión latina que reconoce que una persona es responsable de los actos que realiza otra sobre la que tiene un especial deber de vigilancia.
Asimismo, el letrado señaló que en un momento de la declaración la jueza Gallego le mostró varios documentos, uno de ellos contrato de trabajo de la clínica, en los que aparecía su firma, la cual no reconoció como suya. "Hemos visto firmas falsas. Las firmas son puramente administrativas", apostilló.
ROBO DE LOS DOCUMENTOS
El principal administrador de 'CB Medical Ginemedex' llegó a las dependencias de los Juzgados de Instrucción dos horas antes de la citación, prevista para las 12.00 horas, con el propósito de evitar ser captado por las cámaras y escapar de posibles concentraciones anti-abortistas a las puertas de la sede judicial de Plaza Castilla. Pese a sus previsiones, se topó con un número reducido de militantes de Alternativa Española (AES), que portaban una pancarta que proclamaba: "Por la Vida. Derogación de la Ley del Aborto.
Cuando esperaba junto a su cliente en los pasillos, el abogado de Morín comentó a algunos periodistas que alguien sustrajo ayer a su compañera de despacho en el aeropuerto de Barcelona un maletín en el que llevaban los documentos que tenían previsto presentar ante la jueza. Para certificarlo, mostró la denuncia interpuesta ante los Mossos d'Esquadra.
Entre los papeles desaperecidos figuraba la citación del Juzgado, un expediente de la clínica y los poderes notariales de Morín correspondientes al centro. Momentos más tarde, Campá recibió una llamada de los Mossos d'Esquadra que le informaba de que había aparecido el maletín en el parking del aeropuerto, misteriosamente sin los documentos.
Ante la magistrada compareció también en calidad de imputados un psiquiatra del centro, al que se le acusa de supuestamente falsear los informes preceptivos para practicar abortos en los supuestos en que el embarazo suponga un riesgo físico o psíquico para la mujer. Estaba previsto la declaración del psicólogo Ramón Tanda, pero no hay constancia de que haya comparecido.
Las declaraciones se producen después de que la jueza solicitara a finales de enero las historias clínicas de las mujeres que practicaron abortos en esta clínica 'CB Medical Ginemedex' durante 2007. La jueza investiga en el mismo procedimiento a la 'clínica Mayrit' por supuestas irregularidades en la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo.
INVESTIGACIÓN DE LA CLÍNICA ISADORA
La intervención judicial a los centros abortistas que operan en la capital afecta también a la clínica 'Isadora', cuya instrucción se dirige desde el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid. Su titular, José Sierra Fernández, investiga las presuntas irregularidades en la retirada de residuos biosanitarios y humanos a raíz de la denuncia de la plataforma 'La Vida Importa'.
Hasta ahora, no hay ninguna persona imputada en la causa. Las diligencias practicadas se limitan a la recogida de más de una veintena de historias médicas de las mujeres que acudieron a la clínica el pasado año, las cuales ya han declarado como testigos ante la Guardia Civil.
Este procedimiento tiene su origen en una denuncia de 'La Vida Importa' interpuesta el 9 de junio de 2006 ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra Isadora por tirar restos humanos (de fetos de más de ocho meses) y biosanitarios (gasas o jeringuillas) en los cubos de basura.
No obstante, la investigación no comenzó hasta febrero de 2007, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que practicaba abortos ilegales.
El SEPRONA envió a la Guardia Civil los datos recabados, que a su vez los remitieron al juez. La causa cayó en un principio en el Juzgado número 31 que estaba de guardia, pero posteriormente entró en reparto al Juzgado de Sierra Fernández.
