MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los empleados públicos del Instituto del Menor y la Familia (IMMF) no se identifican con su directora, Paloma Martín, por impedir que una joven tutelada por la Comunidad de Madrid abortara, pese a tener los informes psicológicos y psiquiátricos a su favor cumpliendo los requisitos legales, según la Federación de Servicio Públicos de la UGT de Madrid.
En un comunicado, el sindicato defendió la actuación de los funcionarios que trababan en el organismo bajo la dirección de Martín y aseguró que los trabajadores quieren "intervenir conforme a la ley y al derecho como fundamento" de su labor. Por ello, exigió que se evite "la presión mediática" sobre los empleados público, especialmente en el centro en el que reside y se encuentra tutelada la menor a la que la Justicia ha autorizado abortar.
A juicio de UGT, esta presión genera "una tensión difícil de superar para desempeñar adecuadamente su labor". Según el sindicato, los trabajadores se caracterizan por su condición de "servidores de la ciudadanía", que de acuerdo con la reciente Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, "deben velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico".
En esta línea, subrayó que la plantilla no se identifica con su Gerente. "Están y estarán, en el lado que garantice, facilite y proteja, el ejercicio de los derechos que recoge nuestro ordenamiento jurídico, cuando se cumplen los requisitos que exigen las leyes vigentes y, en consecuencia, contra quienes promueven lo contrario", exclamó.
Asimismo, UGT censuró que la Comisión de Tutela se haya convertido en "un órgano político, cuyos miembros han sido designados a criterio de la gerente, mediante el procedimiento de la libre elección y designación".