MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid no contestará al requerimiento que el Gobierno central mandó hace 23 días para instarle a que paralizarán las alternativas que los centros madrileños están llevando a cabo con los alumnos que objetan la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC).
"No tenemos previsto contestar", aseguró la consejera de Educación, Lucía Figar, en una entrevista concedida a Europa Press, a más de un mes de que venza el plazo de dicho trámite entre administraciones, en donde se recuerda al Gobierno de Esperanza Aguirre que esta materia "es obligatoria" y sus contenidos "están contemplados en la Ley Orgánica de Educación (LOE), que fue aprobada por el Parlamento".
Este requerimiento supone el paso previo al recurso contencioso administrativo que el Ministerio de Educación presentaría al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en el caso de que el Gobierno regional no contestase o asumiera la petición en un plazo de dos meses.
En este sentido, la responsable madrileña de Educación señaló que al Ejecutivo autonómico le ha sorprendido dicho requerimiento porque Madrid está haciendo lo mismo que Andalucía, "que está dando las instrucciones para que los alumnos de familias objetoras puedan aprobar haciendo un trabajo". En el caso de Madrid, la Consejería estableció como alternativas la realización de trabajos sobre la Constitución y los Derechos Humanos así como tareas de voluntariado en el propio centro.
"Hay casos del año pasado donde alumnos de Andalucía han aprobado la asignatura haciendo un trabajo sobre Cáritas", apuntó Figar, quien reiteró que están haciendo lo mismo que una comunidad autónoma socialista, y, por lo tanto, que no comprenden que se requiera a la Comunidad de Madrid y a Andalucía no.
No obstante, indicó que esto ocurre con muchos otros requerimientos, y se preguntó por qué requieren a la Comunidad sobre este particular y no lo hacen con Cataluña sobre la tercera hora de castellano "después de que ha habido una sentencia este año diciendo que no se cumple esta hora en el 85 por ciento de los centros educativos".
A su juicio, el discurso del Ministerio de Educación y de la ministra Mercedes Cabrera consiste "en negar una serie de problemas muy evidentes y que todo el mundo puede constatarlas como las dificultades de escolarizar los hijos en castellano, o los centros de bienvenida en Cataluña que no son colegios y que se obliga a los inmigrantes a entrar sin libertad de elección de otro centro educativo".
"Parece que lo único que le importa al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es Educación para la Ciudadanía y es una pena porque el sistema educativo español ofrece un panorama desolador", subrayó Figar, al tiempo que recordó que España aún está a la cola de Europa, según el informe PISA y el de la OCDE, y hay fracaso escolar así como conflictividad en los centros.
En la misma dirección, añadió que hasta el Gobierno central ha llegado a amenazar con que tendrán que repetir curso los niños que no cursen dicha asignatura, algo que le sorprende a la consejera cuando se está pasando curso en Secundaria con tres asignaturas pendientes. "Eso revela de alguna manera lo que le interesa de la política educativa al Gobierno socialista", apostilló.
A LA ESPERA DEL SUPREMO
Por otro lado, se mostró impaciente por conocer la sentencia firme del Tribunal Supremo, que con toda probabilidad saldrá antes de que termine este año. En el caso de que dictara a favor de la objeción, como lo han hecho varios Tribunales Superiores en las distintas autonomías, ya tendrían la solución porque las alternativas están planteadas. Si por el contrario, es negativa, los niños ya tendrán los módulos referentes a la Constitución y los Derechos Humanos evaluados.
Además, la consejera indicó que cuando se comunicó a los centros que este año impartían la asignatura en 2º y 4º de la ESO los pasos a seguir, lo único que se les dijo es que "hay unos padres que, en contra de su conciencia, está el que sus hijos asistan a esta clase" y que, por tanto, el profesor no le va obligar a asistir a dicha materia a cambio de la realización de unos trabajos concretos.
"Les digo cómo tienen que atender a estos niños, porque no les pueden obligar a ir a clase hasta la sentencia del Supremo, y que mientras tanto, puedan hacer trabajos, que también forman parte del temario y de los contenidos que elaboró la Comunidad", concluyó.
