Forestales piden la suspensión permanente del punto de la Ley de Medidas Urgentes que impide el acceso a fincas privadas

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de los agentes forestales se reunieron hoy con representantes del Ministerio de Medio Ambiente para poner en común información que respalde la paralización cautelar del artículo de la Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid que prohíbe el paso de los guardabosques a las fincas privadas, decretada por el Tribunal Constitucional (TC) el pasado noviembre, y la convierta en permanente en marzo.

El Tribunal Constitucional decidirá el 29 de marzo si mantiene la suspensión del artículo 9 de la Ley de Medias Urgentes, después de frenarla temporalmente a finales de noviembre, aunque no fallará sobre la constitucionalidad de su contenido hasta dentro de un año aproximadamente, según informaron a Europa Press los representantes sindicatos de los agentes forestales.

Durante la reunión, las secciones sindicales de CC.OO, UGT y el Sindicato de Agentes Forestales de Madrid (SAFTAM) aportaron "elementos de valor" para que la Abogacía del Estado les ampare para conseguir la suspensión permanente del artículo 9 de la Ley de Mediadas Urgentes, que señala que los agentes forestales deben contar con autorización del propietario para acceder a una finca privada.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de CC.OO. en esta materia, José Luis Díaz, sostuvo que, a pesar de que la jurisprudencia del TC es restrictiva en estos casos, "existen razones objetivos y de interés general, como la salud pública, la protección de especies y las agresiones al medio ambiente, que abonan la necesidad de mantener a toda costa esta suspensión cautelar".

"Hemos aludido a toda una serie de elementos como los protocolos de detección de animales afectados por la gripe aviar, turolemia, brucelosis, que durante los meses en los que ha estado en vigor la Ley, entre julio y noviembre, han estado inactivos, y que paradójicamente la propia Comunidad de Madrid indica que tienen que actuar los agentes", señaló Díaz.

Por otro lado, el representante sindical aseguró que la Comunidad de Madrid "hace oídos sordos" a la suspensión de dicha Ley y "sigue pidiendo autorización para entrar en fincas privadas en el control forestal de las podas, quemas, cazas y venenos, lo que supone más burocracia y más tiempo". "Estos son los fenómenos perversos de una normativa hecha exclusivamente para los propietarios de cotos de caza en las grandes fincas", agregó.

El portavoz sindical aseguró que desde julio a noviembre hubo 32.000 solicitudes de autorizacione y dijo que durante ese tiempo "se cometieron auténticas burradas, con la apertura de pistas en fincas, talas de árboles, métodos no selectivos de caza, además de mandar al traste la campaña para controlar los venenos".