Archivo - El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, durante una entrevista para Europa Press - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha apuntado al "egoísmo de cuatro" que ha provocado el retraso a los apartamentos tutelados San Francisco, en la céntrica calle Jerte, destinados a personas mayores, que se ampliarán tras las obras pasando de 58 a 65.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Fernández ha recordado que el proyecto estaba dotado de 3,8 millones de euros para la reforma integral de los apartamentos. "Debe de quedar bien claro que en el expediente figura el informe técnico, que declara la incompatibilidad de hacer las obras con la permanencia de esas personas en los apartamentos tutelados", ha recalcado.
"Ha sido el egoísmo de cuatro personas el que ha evitado que esas obras se inicien. A todas las demás personas se les dio alojamiento en debidas condiciones. Están ahora mismo alojados y no pueden volver a los apartamentos como consecuencia del egoísmo de esas cuatro personas, a las que ha habido que utilizar la vía judicial", ha lamentado el delegado.
José Fernández ha insistido en que "todos volverán una vez finalicen las obras, que lógicamente será más tarde por ese egoísmo". El uso urbanístico para apartamentos tutelados será el mismo. "E incluso vamos a ampliar como consecuencia de esas obras el número de apartamentos tutelados pasando de 58 a 65", ha defendido.
El delegado ha lamentado que se haya tratado de "manipular diciendo que el Ayuntamiento va a desahuciar" porque eso "es absolutamente falso". "Lo que hay es un egoísmo para una obra necesaria que nos permitía incluso ampliar el número de apartamentos tutelados", ha declarado.
La situación se remonta a 2024, fecha en la que el Consistorio comunicó a los usuarios de este equipamiento público asistencial la necesidad de abandonar temporalmente el inmueble para acometer una reforma integral destinada a subsanar deficiencias del edificio.
La mayoría de los residentes aceptó el traslado a otras soluciones habitacionales pero cuatro personas se negaron a abandonar los apartamentos. Ante esta situación y una vez agotado el plazo fijado para el desalojo voluntario, el Consistorio decidió iniciar la vía judicial en junio de 2025 para poder ejecutar la salida de los residentes y comenzar las obras previstas.