La acusación de Margarita Botija se dirige también contra otros cargos por avalar la decisión de derribar una tapia ilegal de su casa MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La particular Margarita Botija ha interpuesto una nueva denuncia contra el actual viceconsejero de Transportes y ex gerente de Urbanismo, Luis Armada, imputado en el 'caso Guateque', por supuestamente ordenar a la Junta Municipal de Chamartin y a Disciplina Urbanística que le abriera dos expedientes sancionadores por la construcción de un muro de retención de tierras en su vivienda, situada en el número 44 de la calle Manuel Ferrero, en terrenos municipales.
En un escrito remitido a la Policía Judicial, al que tuvo acceso Europa Press, Botija desgrana el pulso administrativo que mantiene con el departamento de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo desde que en 1984 ocupara su casa por el cerramiento de una parte de su vivienda sobre unos terrenos que presuntamente pertenecen al Ayuntamiento de Madrid.
Botija aspira a que esta denuncia se acumule a las ya investigadas por el juez instructor del 'caso Guateque', Santiago Torres, en las diligencias abiertas por las irregularidades detectadas en la tramitación de expedientes de licencias en la Concejalía de Medio Ambiente.
Armada está imputado en el procedimiento por una licencia que otorgó para la cubierta de un sótano de su vivienda, situado en la calle de la Bola número 9, a raíz de la denuncia de Botija y por otra concedida al hotel Confortel, en la Avenida Pío XII, a consecuencia de una querella formulada por el sindicato Manos Limpias.
SUPUESTO MURO ILEGAL
Además de acusar al viceconsejero de Transportes, la denuncia de Botija se dirige también contra la delegada de Urbanismo de Madrid, Pilar Martínez, el ex gerente de Urbanismo Enrique Zozoya, el concejal de la Junta de Distrito de Chamartín, Luis Miguel Boto y otros tantos cargos por avalar la decisión de derribar la supuesta tapia ilegal del inmueble en el que vive. Se les acusa de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental o usurpación de funciones, entre otras tipificaciones delictivas.
El pasado 31 de enero, un funcionario de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Santos García, se presentó a las 9.30 horas en casa de la denunciante de Armada para derruir la tapia sin orden judicial que avalara su pretensión. Al no contar con la autorización, cuatro agentes de la Policía Municipal que le acompañaban como testigos no firmaron el atestado y, finalmente, no se realizó ningún derribo.
En la denuncia, Botija defiende la legalidad del muro e incluye documentos que certifican que "el cerramiento efectuado no necesita de proyecto firmado por técnico competente dadas sus características, altura, ausencias de elementos estructurales, tales como cargaderos, tipo de cimentación, etc.".
Según la denunciante, el terreno donde está su vivienda es de propiedad privada. Como prueba se vale de una orden de arreglo de una alcantarilla frente a su casa y una carta del jefe de departamento de Conservación de Vías Públicas, Juan de las Heras Azcona, fechada en el año 2000.
La carta expone: "Los terrenos de las fincas pares de la calle Manuel Ferrero y hasta el bordillo de la calle, son propiedad, hoy por hoy, de los vecinos y no se ha ejecutado por ningún servicio de obras porque estos terreros han estado siempre en un ámbito sujeto a planeamiento que aún no se ha llevado a cabo".
Además, la mujer denunció "una persecución constante de sanciones indebidas" desde que ocupara su casa, en el año 1984, mostrando, como ejemplo, un documento donde se le acusa de "incumplimiento de normas de seguridad" en 2004.
