IU exige al Gobierno regional que acate la decisión del TSJM sobre la M-501 y que paralice las obras

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, pidió hoy al Gobierno de la Comunidad de Madrid que acate la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de paralizar las obras de la M-501, conocida como la 'carretera de los pantanos', que "rectifique" y "actué con responsabilidad".

Según Sabanés, "el nuevo varapalo" que supone el auto del TSJM, "pone en evidencia" lo que siempre han denunciado, "que Aguirre actúa al margen de la ley, saltándose sistemáticamente la normativa europea y estatal en materia medioambiental".

En este sentido, señaló que si el Gobierno regional no decide interrumpir las obras, la Comisión Europea debería tomar "buena nota de la escasa voluntad del Gobierno del PP, actuar con firmeza y activar el caso ante el Tribunal Europeo".

El Gobierno regional llegó a un acuerdo con la Comisión Europea en el que se reconocían incumplimientos y por el que se comprometía a realizar una evaluación de impacto ambiental del proyecto. Este acuerdo motivó el aplazamiento de la causa abierta por el Tribunal Europeo sobre estas obras.

Posteriormente hubo una sentencia del TSJM en la que se declaraba nulo el acto de aprobación del proyecto, y que fue recurrida por el Gobierno regional, lo que generó una nueva y dura advertencia de la Comisión, recordó IU, al tiempo que señaló que la decisión del TSJM, conocida hoy, de pedir a la Comunidad que se paralicen inmediatamente las obras de la "carretera de los pantanos" ha sido de nuevo recurrida.

A juicio de Sabanés, estos hechos ponen en evidencia que "el acuerdo al que llegó el Gobierno regional con la Comisión Europea era sólo una excusa para ganar tiempo y seguir construyendo en la zona" y añadió que el Gobierno de Esperaza Aguirre "intenta engañar a los ciudadanos de esta Comunidad utilizando el argumento de que estas obras se acometen por motivos de seguridad".

Sin embargo, apuntó que esto "no es cierto" y que en su momento, el Ejecutivo regional se negó a desarrollar un Plan de Seguridad que preveía la intervención en puntos negros, la ampliación de arcenes y mejoras en el firme, entre otras medidas. "Y es que los intereses del Gobierno regional son otros y tienen más que ver con la especulación que con la seguridad", añadió.

En cuanto a la caución de 497.367 euros impuesta por el TSJM a Ecologistas en Acción, Sabanés lamentó "que se impongan fianzas tan exageradas para proteger los intereses de las constructoras equiparando éstos al interés general".