González Panero aporta al juez documentos exculpatorios y asegura que "en el sumario queda muy bien"
MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, impuso hoy una fianza de 1,5 millones de euros al ex alcalde de Arganda del Rey Ginés López Rodríguez tras negarse a declarar por su presunta implicación en la red corrupta de Francisco Correa, informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La fianza se fijó para que López Rodríguez haga frente a las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del procedimiento judicial. Tras negarse a prestar declaración, se le imputó por participación en una trama y por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
El ex regidor se negó a hablar amparándose en el artículo 24 de la Constitución Española, que le reconoce el derecho a no manifestarse contra sí mismo. No obstante, se ofreció a contar su versión cuando se levante en su totalidad el secreto de las presentes actuaciones.
De igual modo, el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González se negó también a declarar por los delitos que se le imputan. Durante su comparecencia, el ex regidor aportó documentos exculpatorios que le eximen supuestamente de su implicación en la red mafiosa de Correa, que tenía a este municipio como epicentro de sus operaciones corruptas.
Se trata de la tercera ocasión que González Panero se niega a prestar declaración. En esta ocasión, se amparó en el secreto del sumario que aún pesa sobre parte de la causa y en la ausencia de documentación que en su día entregó al juez.
Según el TSJM, Pedreira estudia la adopción de un nuevo auto en el que se fije la fianza pertinente de González Panero, que en su día se fijó en la cantidad de 1,8 millones de euros euros. El ex alcalde comentó a los periodistas que aún no ha abonado la fianza porque ni siquiera se le ha notificado.
DOCUMENTOS EXCULPATORIOS
Por ello, el ex alcalde entregó al instructor pruebas que a su juicio le exculpan de la trama Gürtel. Entre ellas, figura una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid que determina que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cumplió la legalidad en la adjudicación de una parcela a la sociedad UFC.
La resolución judicial, del 26 de enero de 2009, desestima el recurso interpuesto por el concejal Ángel Galindo contra la citada adjudicación a la sociedad UFC, concluyendo que la actuación administrativa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Boadilla se ajustó a derecho.
Asimismo, entregó varios expedientes sobre la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano que corroboran que González Panero no intervino en ninguna de las votaciones. Esta adjudicación se trató de la más jugosa que se realizó a una de las empresas de Correa. Se trataba de una concesión por 10 años prorrogables otros cuatro, a razón de 506.000 euros por cada uno de ellos.
"La sentencia demuestra que la parcela estaba bien adjudicada y que el procedimiento que siguió el Ayuntamiento fue el correcto. El concejal que recurrió era Ángel Galindo, que era el abogado de Pepe Peña --el ex edil de Majadahonda que destapó el 'caso Gürtel'--", recalcó el ex alcalde. "Es una incongruencia estar jugando a ser concejal de Boadilla, recurrir procedimientos del municipio y redactar una denuncia. No deja de ser chocante", reseñó.
Poco antes de comparecer, el ex regidor comentó a los periodistas que en el sumario queda "muy bien" porque "lo que se ve es lo contrario de lo que dicen las denuncia promovidas por los ex concejales de Majadahonda José Luis Peñas y Juan José Moreno.
"Hay muchas pruebas exculpatorias para mí que no están en el sumario y que deberían estar", aseveró y añadió que "nadie dice en ninguna parte del sumario" que a él le "hayan entregado ninguna cantidad de dinero".
No obstante, el nombre de González Panero aparece en varias de las escuchas interceptadas a los integrantes de la red corrupta de Francisco Correa. Según el sumario, Correa habría grabado al ex alcalde con una cámara oculta repartiendo billetes a otros tres de los implicados. Las empresas de Correa se vieron beneficiadas por cuantiosos contratos adjudicados por el Ayuntamiento.
