La Junta General ordinaria del Colegio de Abogados de Madrid respalda la gestión de la Junta de Gobierno

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los colegiados del Colegio de Abogados de Madrid aprobaron ayer, en Junta General, la gestión económica correspondiente al pasado ejercicio y segundo balance completo de la Junta de Gobierno, con el 64% de los votos emitidos por los colegiados asistentes, informó hoy el Colegio.

El Decano del Colegio, Antonio Hernández-Gil, en su presentación de las Cuentas de 2009 habló de los hitos de gestión logrados en el pasado año, entre los que se cuentan la distribución gratuita de un programa informático de gestión de despachos a 1.300 abogados del Turno de Oficio o la homologación de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio y el Master en Derecho Privado.

Asimismo, reconoció el impulso a la formación virtual a través de la creación de cursos on line y la disponibilidad en el portal www.icam.es de la primera biblioteca digital jurídica que, tras un acuerdo con la Editorial Tirant Lo Blanc, se encuentra a disposición de todos los colegiados ejercientes.

La mayoría de los abogados reunidos en la Junta apoyaron "trasladar a la opinión pública su preocupación por el cuestionamiento constante y la instrumentalización que se hace de la Justicia, y de quienes la imparten, que no se corresponde con la calidad y esfuerzo de magistrados y jueces, fiscales, funcionarios de la Administración de Justicia y abogados, con independencia de resoluciones o actuaciones que pueden no compartirse y que son revisables por los procedimientos que el propio ordenamiento jurídico establece.

La abogacía reiteró su compromiso, desde su propia exigencia, de "cumplir y de reclamar el cumplimiento de los principios y valores constitucionales como expresión de un pacto de convivencia orientado a la realización del Estado social y democrático de derecho, y pide a todos, poderes públicos, partidos, medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil y ciudadanos, respeto en la discrepancia, rectitud en las conductas, lealtad institucional y confianza en el sistema de justicia".

La toma de postura ante "la fragilidad del Derecho de Defensa" tomada por la Junta de Gobierno y expuesta por el Decano, fue aprobada por los colegiados presentes que aplaudieron literalmente por los asistentes, ya que hubo consenso en que "se trata de respetar y pedir que se respeten derechos que son fundamentales para la convivencia", explicó el Decano.

"El derecho de defensa es un valor claramente a la baja" remarcó. "Detrás de la desatención económica e institucional que padece la abogacía en general y la justicia gratuita especialmente, está el desinterés que muestran la sociedad civil y las administraciones públicas", indicó.