MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir de mañana a un policía nacional, a un abogado y a un matrimonio por una ristra de delitos como tenencia de explosivos, contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, detención ilegal, denuncia falsa, falsedad de documento oficial y falso testimonio
Manuel R. M., José Luis G. C., Isabel G. M., Gerardo H. A. y Luis L. H. se enfrentan a una petición fiscal de unas penas que oscilan entre los veinte y los doce años de prisión, según cada caso.
Según el fiscal, Manuel R. M., alias Preto, con el fin de obtener beneficios para su padre que se encontraba en prisión, en hora no determinada entre el 14 y el 15 de agosto de 2006, se puso en contacto con José Luis G. C., alias José El Moro, y miembro de la Policía Nacional. Ambos acusados se conocían desde hace tiempo dado que El Preto era confidente de la Policía.
Con el fin de conseguir el traslado de su padre, que se encontraba interno en un centro penitenciario fuera de Madrid, y asegurándole que tenía un su poder una bolsa con explosivos, los cuales procedían de la empresa ELMASA, ubicada en Colmenar Viejo, Manuel concertó una cita con el agente de la Policía. En el encuentro, al que además de José El Moro acudieron otros efectivos policiales, el Preto haría entregaría de la bolsa con los explosivos.
Así, en la madrugada del 15 de agosto de 2006 Manuel R. acudió a Leganés, en concreto en las cercanías del domicilio de José Luis G. C., donde hizo la entrega a éste de una bolsa que contenía material explosivo y detonadores GOMA 2 ECO y RIOGEL TRONER en perfecto estado de funcionamiento.
Manuel acudió acompañado por su esposa, Isabel G. M.. El acusado había estado en posesión de este material desde fecha no determinada, pese a carecer de cualquier tipo de autorización legal para ser depositario de dichos explosivos.
Una vez tuvo en su poder el material explosivo, José Luis G. C., en lugar de entregarlo inmediatamente en dependencias policiales, como es preceptivo, lo subió a su domicilio. Horas después, se puso en contacto con agentes de la Policía Nacional para hacer la entrega, fingiendo que Manuel R. e Isabel G. se lo acababan de poner a su disposición minutos antes.
En fechas posteriores, los acusados Manuel R. M. Isabel G. M. y José Luis G. C. contactaron con el también acusado Gerardo H. A., letrado al que conocían por relaciones profesionales anteriores y con quien se habían puesto previamente de acuerdo. Su objetivo era que el abogado obtuviera una resolución favorable en el procedimiento civil seguido por la custodia de sus dos nietos menores de edad, hijos nacidos del matrimonio formado por su hijo y la ciudadana rusa Svetlana M..
A instancias de letrado, el 19 de octubre de 2006, sobre las 21:30 horas, cuando Svetlana salía del domicilio de su suegro, sito en Móstoles, donde había estado visitando a sus hijos, fue abordada por Isabel G. M., quien se hizo la encontradiza con ella y quien había sido avisada por el propio Gerardo, que había estado vigilando a la víctima. Isabel entregó a la ciudadana rusa una bolsa que contenía 950 gramos de cocaína con un valor en el mercado negro de cerca de 70.000 euros.
Inmediatamente, y en ejecución del plan previamente trazado, los acusados José Luis G. C. y Luis L. H., este último también Policía Nacional, detuvieron a Svetlana.
José Luis y Luis presentaron a la detenida en la Comisaría de Móstoles, haciendo constar que la habían visto realizar un acto de tráfico de estupefacientes.
Como consecuencia de la detención y del atestado policial se abrió un procedimiento por un delito contra la salud pública contra la mujer y, por auto de 20 de octubre de 2006, se acordó su prisión provisional. Svetlana permaneció en esa situación procesal hasta el 20 de noviembre. Con posterioridad, en agosto de 2007, las diligencias previas abiertas en contra de la mujer fueron archivadas.
Los procesados José Luis G. C. y Luis L. H. declararon ante el Juez como testigos durante el procedimiento contra la mujer ratificando íntegramente su falso relato con el único objetivo de que Svetlana continuara en prisión.
La Fiscalía solicita, además de las penas de prisión, que los acusados indemnicen, conjunta y solidariamente, a Svetlana M. en la cantidad de 100.000 euros más los intereses legales por los daños morales causados.
