MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, afirmó hoy que las dos denuncias presentadas por el PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción tienen el objetivo de "intentar, una vez más, poner el ventilador" para "tapar y parar el caso de corrupción urbanística" de Ciempozuelos, que ha llevado a la cárcel a sus ex alcaldes Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro.
"Si tienen algo, que vayan a los jueces, que son los que dictan sentencias", recomendó Beteta a los dirigentes socialistas, a los que acusó de acudir a la Fiscalía Anticorrupción o a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para "generar ruido sin riesgo". "Según la Constitución, quien dicta sentencia es un juez y no un fiscal", les recordó.
El dirigente popular, que se pronunciaba de esta forma sobre las denuncias presentadas por el PSOE contra el ex director general de Urbanismo Enrique Porto y el Ayuntamiento de Tres Cantos, exigió conocer "qué sabía" el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Rafael Simancas, sobre este asunto, una vez que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente del Banco de España, sabía que los ex alcaldes querían ingresar un millón de euros en un banco de Andorra.
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Beteta señaló que en Ciempozuelos podría haber "un caso de información privilegiada al PSOE" y se preguntó por qué el secretario de Organización del PSM, Andrés Rojo, "llamó a capítulo para hablar de irregularidades urbanísticas" al que todavía era alcalde, Pedro Torrejón, cuando el acusado de cobrar comisiones ilegales era el ex regidor Joaquín Tejeiro.
"Queremos saber si ha habido una utilización partidista de los poderes del Estado para intentar parar este asunto e informar al PSM con el fin de intentar minimizar el impacto de un caso de corrupción que supera por su volumen en cuatro veces al de Filesa", señaló el portavoz del PP.
En este contexto, pidió "explicaciones" al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido; al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; y a los responsables de la Agencia Tributaria, para determinar "desde cuándo tenían conocimiento" de las "actividades irregulares" de los dos ex alcaldes.
