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La Comunidad asegura que hay "total transparencia" y que rinden cuentas a los juzgados
MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid solicitará que el Tribunal de Cuentas fiscalice la Agencia de Tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid (AMTA), así como la comparecencia de la Fiscalía en comisión, ante la "falta de transparencia" de esta institución, según ha informado a Europa Press la diputada socialista Matilde Fernández.
Por su parte, el grupo parlamentario UPyD seguirá reclamando información sobre los inventarios de patrimonio de los tutelados y las actividades de la agencia y acceso a la auditoría externa, tras haber llevado al pleno una comparecencia del consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, sobre la situación de la tutela de adultos en la región, por primera vez en 18 años de existencia de la AMTA, según el diputado Alberto Reyero.
Dicha comparecencia tuvo lugar el 21 de noviembre de 2013, y más recientemente, el pasado 18 de febrero, compareció la gerente de la AMTA, Carolina García Durrif, a petición del Grupo Socialista y de UPyD.
Según ha explicado Matilde Fernández, la oposición no se había interesado hasta ahora por la AMTA porque no había recibido quejas hasta esta legislatura y debido a su "invisibilidad". "Es una institución que depende de la Consejería de Asuntos Sociales y está muy invisibilizada", ha señalado Fernández, quien ha indicado que la oposición está empezando a reclamar información y no les llega, con el "pretexto" de que está bajo la Ley de Protección de Datos.
Tras denunciar la "falta de transparencia", ha anunciado que su grupo va a solicitar que el Tribunal de Cuentas haga una fiscalización "por vía extraordinaria", ya que por la vía ordinaria tendrían que esperar hasta 2015, una iniciativa a la que espera que se sume UPyD y también IU-LV. También ha avanzado que su grupo va a solicitar la comparecencia de la fiscal responsable de Incapacidades y Tutelas en la Fiscalía de Madrid en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea.
Según Fernández, las quejas que han recibido, en torno a una docena, se dividen en los siguientes bloques: familiares que quieren recuperar la tutela, disconformidad con el régimen de visitas familiares a los tutelados, tutelados que se sienten demasiado controlados y escasez de profesionales (trabajadores sociales, abogados, etc.). Aunque ha reconocido que no hay muchas quejas, ha señalado que las que hay son "humanamente dolorosas" y ha pedido no mirar hacia otro lado, sino tratarlas "con guante de seda".
Por su parte, el diputado de UPyD, Alberto Reyero, ha asegurado que van a seguir solicitando información y que, a falta de una memoria de actividades, que según dijo la gerente ya no realizan, están detrás de las cuentas que audita la empresa externa Advance Audit, que se envían a la Asamblea, que a su vez las remite a la Cámara de Cuentas.
PATRIMONIOS DE LOS TUTELADOS
Tras acusar a la agencia de "opacidad", ha asegurado que no se han cumplido las obligaciones que establece el Código Civil para el ejercicio de la tutela en lo que respecta a los inventarios del patrimonio de los tutelados, para cuya elaboración se establece un plazo de 60 días tras la aceptación del cargo de tutor.
"Hay cientos de patrimonios absolutamente indefensos por la inexistencia de inventarios al inicio de la tutela", ha afirmado, para señalar que en algún caso ha habido gente que ha muerto antes de que se hubiera hecho el inventario de su patrimonio.
Según las estimaciones de UPyD, se podría hablar de cientos de millones de euros y centenares de bienes inmuebles sin inventariar. Asimismo, tienen constancia de tutelados que han suscrito preferentes y que han aceptado tarjetas de crédito.
Por otro lado, Reyero ha hecho hincapié en la "infradotación" de personal y recursos económicos de la agencia. A este respecto, ha señalado que un trabajador social tiene que hacerse cargo de 400-500 personas tuteladas, y ha apuntado que hay personas cuya tutela es más sencilla de gestionar como un anciano con demencia internado en un centro, pero otros requieren una atención mucho más intensa.
En cuanto a los recursos económicos, Reyero ha recordado que UPyD presentó una enmienda en los presupuestos de 2014 para aumentar su dotación de 3.915.000 euros.
Según los datos aportados por la gerente en su comparecencia, a 31 de diciembre de 2013 el número total de expedientes es de 4.507, de los que 2.217 son tutelas, 32 son tutelas provisionales, 312 son curatelas y 49 son administraciones provisionales.
"TRANSPARENCIA" Y CERO "OPACIDAD"
En declaraciones a Europa Press, la gerente, Carolina García Durrif, ha asegurado que van a remitir la auditoría al grupo parlamentario que la ha solicitado, al que por un "error" se les derivó a la Cámara de Cuentas y ha rechazado las acusaciones de "opacidad".
En cuanto a los inventarios, ha reconocido que les es difícil cumplir el plazo de 60 días para su elaboración, ya que requiere un proceso de "averiguación", pero ha señalado que los jueces son conscientes y que el plazo se puede prorrogar.
"No tiene que ver con ocultar patrimonio o posibles estafas", ha asegurado García Durrif, quien ha recordado que aparte del inventario de patrimonio cuando se acepta el cargo de tutor está la revisión anual de cuentas.
Tras garantizar "transparencia total" en lo que respecta a las cuentas de la agencia, ha dicho que los datos referentes a los expedientes se encuentra "altísimamente protegidos" por la Ley de protección de Datos, al formar parte de un procedimiento judicial.
En cuanto a la fiscalización de la actividad, ha señalado que la AMTA rinde cuentas ante los juzgados, que para tomar "cualquier decisión importante" tiene que pedir autorización a los juzgados y que cuando termina la tutela tiene que hacer una "redición final de cuentas".
Finalmente, ha señalado que si los grupos parlamentarios tienen dudas sobre la actuación de la agencia, le parece "muy bien" que soliciten la comparecencia de la fiscal responsable de Incapacidades y Tutelas en Madrid capital, Nuria López Mora, de quien ha dicho que "conoce muy bien" el trabajo de la AMTA.
