MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha contestado a la Generalitat de Cataluña que la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente, denominado PIMA Aire, para la adquisición de vehículos comerciales se justifica en la necesidad de garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en toda España, por lo que rechaza el requerimiento de incompetencia de Cataluña.
En su requerimiento, la Generalitat argumentó que la competencia relativa a la protección del medio ambiente es prevalente y que, en consecuencia, no se puede fundamentar el establecimiento por el Estado de un sistema de gestión centralizada y directa de las ayudas. Al entender que existía una extralimitación competencial reclamaba que la gestión de las ayudas en Cataluña correspondería a la Generalitat.
En la contestación, el Gobierno justifica la opción de conceder las ayudas mediante subvención directa y de forma centralizada para garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, tal como se ha venido haciendo habitualmente en iniciativas análogas en relación con el sector del automóvil.
El Gobierno explica que el Plan PIMA Aire tiene como objetivo tanto la protección ambiental como fomentar el desarrollo del sector del automóvil en el contexto de la unidad del mercado en todo el Estado.
En este sentido, el Ejecutivo entiende que la compra de un vehículo está más condicionada por cuestiones ligadas a la oferta y la demanda del sector del automóvil que a la situación de la calidad del aire del entorno del punto de adquisición del mismo, por lo que desestima la argumentación de la Generalitat.
Igualmente, el Gobierno esgrime la doctrina del Tribunal Constitucional, que admite en estos supuestos la gestión centralizada de las subvenciones por el Estado si se cumplen determinados requisitos como asegurar su plena efectividad dentro de la ordenación básica del sector, garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional y cuando dicha centralización sea un medio necesario para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos que hayan de destinarse al sector.
