La Comunidad estudia un recurso para pedir al Gobierno central que los murcianos "sean tratados igual que los españoles"

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, anunció hoy que la Comunidad Autónoma estudia un recurso que puede ser, incluso, constitucional, para pedir al Gobierno de España que los murcianos "sean tratados igual que el resto de ciudadanos".

García hizo así referencia a la existencia de un plan especial para Canarias para remediar el paro, al reconocimiento de la deuda histórica a Andalucía y a la actualización del principio de lealtad institucional para la Comunidad de Aragón.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera estimó "muy mal en el plano personal, pero también ilegal, injusto e inconstitucional, no sólo porque hay un plan especial para Canarias, que me parece muy bien, sino porque creo que los murcianos que están en paro tienen los mismos derechos".

Al respecto, estimó que "lo más grave" es que el Gobierno de España "ha dado a algunas comunidades autónomas esos 1.740 millones que reclama la Región de Murcia".

Por ejemplo, dijo que "en los presupuestos de la Junta de Andalucía aparecen 770 millones de su deuda histórica y en el presupuesto de Aragón aparecen 500 millones de la actualización del principio de lealtad institucional, de la bajada de recaudación en esa comunidad como consecuencia de las modificaciones legislativas en el sistema fiscal español que afectan a los ciudadanos de Aragón".

En el de Aragón, García aseveró que "no hablamos de un plan para una comunidad en concreto que nosotros también queremos, sino que se trata de una norma estatal que afecta a todos los ciudadanos españoles y que solo unos afectados se ven compensados a través de ingresos, reflejados en los presupuestos con una inyección de ingresos".

La lealtad institucional que está recogida en el artículo dos de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas "recoge que el Gobierno de España, cuando tenga capacidad normativa sobre decisiones que afecten a comunidades autónomas que impliquen o un aumento de gasto o una aminoración de ingresos, tendrán que compensar con financiación extra".