La Fiscalía pide para los acusados una pena de 1 año y 9 meses de prisión y multa de 16 meses
MURCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, que investigaba los hechos en torno al derribo del Molino de Oliver, en Aljucer, y la destrucción de su escudo heráldico declarado Bien de Interés Cultural (BIC), ha procedido a acordar la apertura de juicio oral y dar por formulada la acusación contra Sigifredo Hernández, presidente de la Junta de Hacendados, otro directivo y el responsable de la empresa que ejecutaba la obra, "como autores responsables criminalmente, sin circunstancias modificativas, de un delito contra el patrimonio histórico".
En concreto, la Fiscalía pide para los acusados una pena de un año y nueve meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y multa de 16 meses, con cuota diaria de 12 euros, además de las costas del procedimiento y los gastos de restauración del escudo, según informaron fuentes de la Asociación para la conservación de la Huerta de Murcia (Huermur) en un comunicado.
Además, el juez indica que el órgano competente para el presente caso será el Juzgado de lo Penal que por turno corresponda, y que se notifique a los ya acusados para que muestren su conformidad o disconformidad con la acusación, además de tener que presentarse este viernes, 8 de junio, en el Juzgado para ser notificados.
Por todo ello, ya que Hernández ostenta la representación, tanto de un Tribunal Consuetudinario reconocido por la Ley del Poder Judicial y elegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, como la representación del Alcalde de Murcia en su pedanía al ser Alcalde-Presidente de la Junta Municipal de Santa Cruz, y presidente del Partido Popular en la pedanía, Huermur exige la "inmediata dimisión de todos los cargos que ostenta".
Ante la posible negativa de Sigifredo Hernández a abandonar los cargos, Huermur ha remitido varias misivas informando de estos hechos, tanto al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, para que lo cese como alcalde pedáneo, como a los Comités Regional y Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular, para que "procedan a aplicarle los nuevos estatutos del partido, le abran el correspondiente expediente, le retiren su militancia y lo cesen en los cargos que ostenta".
Huermur considera "inadmisible" que se mantenga "ni un minuto más en sus cargos a alguien sobre quién pesan acusaciones tan graves y que de forma inminente se va a sentar en el banquillo, ya que no es un simple imputado".
