Más de un centenar de colegios se interesan en impartir 1º y 2º de ESO, según el consejero de Educación

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, ha informado en el Pleno de la Asamblea Regional de que más de un centenar de colegios de Infantil y Primaria se han interesado en impartir 1º y 2º de ESO el próximo curso.

Marín ha explicado que "se ha celebrado una reunión técnica informativa con los equipos directivos interesados", y que los centros que deseen sumarse a la iniciativa deberán "recabar el apoyo del claustro y del consejo escolar y remitir la documentación a la Consejería antes del 13 de noviembre".

El consejero ha defendido que esta medida "proporcionará más estabilidad, confianza y protección a los alumnos en una edad muy complicada, el tránsito de los once a los doce años", y ha asegurado que "mejorará las tasas de éxito escolar, reforzará la coordinación entre los equipos docentes de Primaria y Secundaria y facilitará proyectos educativos conjuntos centrados en la orientación y el acompañamiento del alumnado".

El diputado del PP, Carlos Albaladejo, autor de la pregunta, ha calificado esta iniciativa como "una medida eficaz, sensible y muy aplaudida por la comunidad educativa", y ha afirmado que "la Región de Murcia vuelve a ser pionera en políticas educativas modernas, igual que lo fue con la regulación del uso de pantallas electrónicas en las aulas, cuando ninguna otra comunidad lo había hecho todavía".

Albaladejo ha recordado que "el Ministerio de Educación ha actuado después, una vez más, siguiendo el camino marcado por la Región de Murcia", y ha añadido que "el Gobierno de Fernando López Miras ha demostrado visión y compromiso con la educación desde la base".

En su respuesta, el consejero Marín ha subrayado que la medida se centrará "especialmente en colegios ubicados en entornos rurales o con contextos de vulnerabilidad social", y ha insistido en que "se trata de una acción moderna, realista y eficaz, que marca distancia con un modelo educativo fracasado, el que nació con la Logse y que hoy perpetúa la Lomloe, un modelo que ha instalado la mediocridad en el rendimiento académico, ha minado la cultura del esfuerzo y ha erosionado la autoridad del docente en las aulas".

Marín ha respaldado su afirmación con datos: "España es el segundo país de Europa con la tasa más alta de abandono educativo temprano, lidera el desempleo juvenil y dedica un 20% del tiempo lectivo a poner orden en clase. El 75% de los expedientes disciplinarios se concentran en la ESO, y dentro de ella, precisamente en 1º y 2º".

ACUERDO COMERCIAL CON MARRUECOS

Durante la sesión de control, los grupos de la oposición también han realizado otras preguntas al Consejo de Gobierno, en materia de agricultura, el diputado del PP Jesús Cano ha trasladado la preocupación del sector agroalimentario por el acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos, que entró en vigor el pasado 4 de octubre, y ha calificado el pacto como "un despropósito aprobado con total falta de transparencia y sin escuchar a los agricultores".

Cano ha afirmado que "este acuerdo ha perjudicado y seguirá perjudicando al tomate, al pepino, al pimiento y a otros productos españoles, agravando la competencia desleal y poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria".

Ha insistido en que "el PP se ha opuesto, se opone y se opondrá a cualquier normativa o acuerdo con terceros países que cause perjuicio a los agricultores, ganaderos y pescadores de la Región de Murcia", y ha subrayado que "el presidente López Miras fue a Bruselas a defender a los agricultores donde había que hacerlo".

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha respaldado estas palabras y ha advertido que, si el acuerdo con Marruecos "se mantiene como está, supondrá un agravio para el sector agrario murciano". Ha criticado que se haya aprobado "en solo cinco días, sin contar con el Parlamento Europeo y con el beneplácito de los 27 Estados miembros, incluido el Gobierno de España", y ha reclamado al Ejecutivo central "la inclusión de cláusulas espejo en todos los acuerdos comerciales con terceros países" para garantizar condiciones de competencia equitativas, además de "cláusulas de salvaguarda automáticas" que impidan daños económicos a los productores españoles.

En materia de vivienda, el diputado socialista José Ortega ha reprochado al Gobierno regional que el nuevo plan de vivienda asequible "fije el precio en torno a 170.000 euros, un importe inalcanzable para la mayoría de las familias murcianas".

Ortega ha denunciado que "en ciudades como Lorca, Molina o Alcantarilla el precio medio del metro cuadrado es muy inferior al de las promociones anunciadas", y ha acusado al Ejecutivo de "haber creado un modelo de vivienda que solo beneficia a los promotores".

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, ha replicado que la Ley estatal de Vivienda "ha supuesto el mayor ataque a la propiedad privada en democracia, generando inseguridad jurídica y reduciendo la oferta de alquiler", y ha anunciado que "en las próximas semanas se dictará una orden que actualizará el módulo de referencia para la vivienda protegida en la Región de Murcia, adaptándolo a la realidad del mercado actual para facilitar el acceso a jóvenes y familias".

El Ejecutivo murciano "cumple con el mandato constitucional de promover las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la vivienda", y ha defendido un modelo "basado en la colaboración público-privada, la seguridad jurídica y la defensa de la propiedad frente al intervencionismo estatal", dice.

Desde Vox, su diputado Pascual Salvador ha preguntado por el impacto del plan de conservación de la tortuga mora en los terrenos agrícolas afectados y ha advertido que "este plan ha generado preocupación entre agricultores y vecinos de zonas rurales por sus posibles limitaciones al uso del suelo".

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha respondido que el texto "redundará en beneficio de la especie, del espacio donde habita y de quienes comparten su actividad con ella", y ha garantizado que "se aprobará con el consenso social necesario". Ha recalcado que el plan "no prohíbe la actividad agrícola ni impone cambios sustanciales en el uso del suelo", y ha defendido que "agricultura y biodiversidad son aliados, no enemigos".

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, ha reclamado al consejero de Fomento medidas de ordenación territorial "para evitar que cada episodio de lluvias torrenciales arrastre miles de toneladas de sedimentos al Mar Menor".

Marín ha recordado que la última dana "provocó el vertido de hasta 25.000 toneladas de barro y nitratos al ecosistema" y ha denunciado que "seis años después de la catástrofe de 2019 todavía no existe el Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente".

El consejero de Fomento ha replicado que "ya existen instrumentos de ordenación territorial en la legislación estatal" y ha subrayado que "la responsabilidad directa sobre cauces y ramblas recae en la CHS y en el Ministerio para la Transición Ecológica". Ha lamentado que "100.000 personas hayan estado sin agua durante diez días por la falta de actuaciones estatales", y ha pedido que "se ejecuten las infraestructuras hidráulicas necesarias para evitar inundaciones y asegurar el abastecimiento".

En el ámbito sanitario, la diputada socialista Marisol Sánchez ha acusado al Ejecutivo regional de "privatizar un derecho de las mujeres" al mantener que "el 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas", lo que "obliga a las mujeres a exponerse a situaciones de acoso e intimidación frente a las puertas de esos centros". Sánchez ha reclamado que "las interrupciones se practiquen en hospitales públicos, como ocurre en otras comunidades autónomas".