La responsabilidad patrimonial sanitaria centra más del 50% de los dictámenes del Consejo Jurídico en 2025

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco de cada 10 dictámenes sobre responsabilidad patrimonial emitidos por el Consejo Jurídico de la Región en 2025 derivaron de reclamaciones en materia sanitaria, en las que se reconocieron indemnizaciones por importe de 2,2 millones de euros, si bien la cuantía reclamada por los solicitantes ascendía a 18,7 millones.

Así se desprende de la Memoria del último ejercicio del Consejo Jurídico regional, presentada este jueves en un acto al que han asistido, entre otras autoridades, el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, y el presidente del órgano consultivo, Antonio Gómez Fayrén.

El presidente del Consejo Jurídico ha alertado del "considerable" incremento de las reclamaciones por responsabilidades sanitarias en los últimos años y ha achacado la diferencia entre las cantidades solicitadas y las estimadas a la falta de respaldo de los expedientes por informes periciales de profesionales de la medicina.

En este sentido, Gómez Fayrén ha destacado que, como principio general, la obligación de la Administración es de "prestación de medios y no de garantizar resultados". Por este motivo, ha señalado que un elevado porcentaje de las reclamaciones ciudadanas no encuentran el amparo jurídico pretendido.

El informe anual revela que, en total, el Consejo Jurídico recibió en 2025 un total de 424 expedientes que desembocaron en 360 dictámenes y 23 acuerdos, lo que sitúa la cifra de resoluciones finales en 383. El 71,2% de ellos --302-- correspondientes a reclamaciones en concepto de responsabilidad patrimonial procedentes de la Administración regional y el 6,37% --27-- de los ayuntamientos.

Por su parte, el tipo de consulta en el 15,3% de los expedientes correspondía a revisiones de oficio (65); el 2,8% a nulidad, interpretación y resolución de contratos administrativos (12); el 1,9% a proyectos de Reglamentos o Disposiciones Generales (8); el 1,6% a propuestas sobre reconocimiento de obligaciones (7); el 0,4% a preguntas facultativas y el 0,2% a anteproyectos de Ley (1).

De los 360 dictámenes emitidos, la responsabilidad patrimonial acapara el 74,4% de las consultas. Dentro de este ámbito, el sector sanitario representa el 50,3% de las reclamaciones (146 casos). Le siguen las consultas relacionadas con el ámbito vial (23,1%) y el educativo (18,6%), entre otras.

En cuanto a la procedencia de las consultas que dieron lugar a los dictámenes emitidos, la Administración regional fue la principal demandante, sumando el 86,9% de los casos (313 dictámenes). Por consejerías, la de Salud fue la más activa con 146 consultas, seguida de la de Fomento e Infraestructuras con 56 y la de Educación con 46.

Por su parte, las administraciones locales (ayuntamientos) representaron el 13% restante (47 dictámenes), liderados por los de Murcia (21) y Cartagena (4).

En cuanto a las reclamaciones económicas, el total demandado en concepto de responsabilidad patrimonial ascendió a 62,4 millones de euros, sin embargo, el Consejo Jurídico reconoció una cuantía de 3,4, lo que significa que solo estimó económicamente el 5,5%.

El mayor volumen de dinero reclamado se concentró en el ámbito de la Administración local con más de 36 millones de euros --de los que solo fueron reconocidos 24.187 euros, el 0,07%--, mientras que en el caso de regional ascendió a 26,2 millones --con 3,4 millones reconocidos, el 13%--.

NUEVA REALIDAD POR LA PRESENCIA DE VMP

Gómez Fayrén ha llamado la atención sobre una nueva realidad que ha irrumpido con fuerza en el trabajo del Consejo Jurídico derivada de la presencia de vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, en la vía pública. De hecho, esta situación ha motivado una parte importante de los 67 dictámenes emitidos en 2025 en el ámbito vial.

La institución ha abordado este asunto desde la óptica de la obligación administrativa de mantener las carreteras en el estado adecuado para la circulación, pero también del deber de los conductores de circular con la precaución necesaria ante el riesgo que entraña su comportamiento para ellos mismos y para el resto de usuarios.

Otro de los asuntos sobre los que el órgano consultivo tuvo que dictaminar en 2025 es el relativo a formas de maltrato psicológico, verbal, físico o social producidos entre escolares de un mismo centro. Gómez Fayrén ha advertido de que estas situaciones no son aisladas, sino que "pueden darse de forma reiterada a lo largo del tiempo".

En su intervención, ha precisado que los focos de conflicto ya no se limitan exclusivamente al entorno presencial y que el maltrato puede originarse tanto "en el aula como en otros espacios del colegio", así como extenderse a través de las redes sociales e Internet.

Gómez Fayrén ha explicado que el Consejo mantiene una "línea doctrinal coherente" para determinar la responsabilidad de la Administración y ha remarcado que todos los casos se evalúan bajo el prisma de la "causalidad, de la antijuridicidad, del riesgo y del estándar de funcionamiento de los servicios públicos".

IRRUPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Por otro lado, el presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha defendido la vigencia de la función consultiva como un "baluarte ante la incertidumbre" en un escenario marcado por la "aceleración de los cambios tecnológicos".

Así, ha advertido de que la inteligencia artificial ya plantea "desafíos inéditos a la validez y motivación de los actos administrativos", lo que obliga al Consejo a aplicar con rigor el "filtro de la justicia".

Ante la actual situación de "desasosiego" y las "altas tensiones" que vive la sociedad, Gómez Fayrén ha hecho un llamamiento a recuperar el concepto de "razonabilidad", definido como el acto de "actuar conforme a la razón".

En cuanto a la doctrina administrativa del último año, el presidente ha destacado el papel del Consejo en la vigilancia de la "capacidad económica" de los ciudadanos. Ha señalado que, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, el órgano ha rechazado liquidaciones tributarias basadas en una "ficticia manifestación de capacidad económica" en transmisiones de inmuebles donde "no existió ningún incremento del valor", evitando vulneraciones de principios constitucionales y "confiscatoriedad".

Asimismo, ha ensalzado la figura del funcionario público como "garantía institucional de imparcialidad" frente a las "fluctuaciones partidistas o coyunturales" y ha hecho una mención especial al cuerpo de letrados, instando a mantener procesos selectivos "exigentes y rigurosos" para atraer a profesionales capaces de dar respuestas fundadas en derecho en el escenario del Estado de las Autonomías.

LÓPEZ MIRAS REIVINDICA LA INDEPENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reivindicado en su intervención la independencia de las instituciones "sin injerencias y sin intentos de control" como un principio fundamental para el correcto funcionamiento democrático.

López Miras ha afirmado que "las democracias sólidas no sólo se sustentan en la separación de poderes, sino también en el respeto efectivo al trabajo de los órganos independientes, cuya razón de ser radica precisamente en esa autonomía".

En este sentido, el presidente ha subrayado que la Memoria 2025 del Consejo Jurídico constituye "una excelente muestra de ese trabajo riguroso e independiente".

A la vez, López Miras ha destacado el trabajo "concienzudo, reflexivo y minucioso" que desarrolla este órgano, y ha agregado que "la calidad de sus dictámenes es fruto de la dedicación, el compromiso y una preparación constante" desde "una responsabilidad social como es la de servir al conjunto de los ciudadanos de la Región de Murcia".