Ucomur reclama que la ley de Simplificación Administrativa "incluya a la economía social" y concrete la digitalización

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, ha valorado este miércoles en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional el impulso del Proyecto de Ley de simplificación administrativa por su potencial para "reducir costes y tiempos", pero ha reclamado que "no se olvide a la economía social en el diseño de las normas" y que se concreten "qué trámites pasarán a declaración responsable, con qué calendario y con qué medios digitales".

También ha pedido revisar el umbral de inversión mínima (20 millones) previsto para declarar proyectos estratégicos, al considerar que "puede haber iniciativas de alto impacto que no alcancen esa cifra".

Pedreño ha recordado que en la Región operan "unas 2.500 empresas de economía social" que, según sus datos, suponen "alrededor del 10% del PIB regional" y más de 5.500 millones de facturación agregada.

A escala estatal, ha citado 80.000 empresas, 1,5 millones de empleos (12% del empleo) y un 10% del PIB, y en la UE "4,3 millones de empresas" (6% del empleo y 8% del PIB). "Somos empresas; cuando se legisla para empresas no se puede obviar a las de economía social", ha subrayado, tras denunciar que en ocasiones "el legislador piensa solo en sociedades de capital".

El presidente de Ucomur ha situado a las pymes como las principales beneficiarias de la simplificación: "Más del 98% del tejido regional son pymes, la mayoría con menos de 15 trabajadores; no tienen departamentos jurídicos y soportan peor la burocracia".

Por ello, ha defendido medidas "que de verdad eliminen duplicidades, clarifiquen requisitos y abran ventanillas telemáticas únicas", con "interoperabilidad real entre administraciones, catálogos mínimos de datos y responsable único".

En este punto, ha propuesto mejoras concretas en las plataformas públicas de subvenciones y tramitación: guardar borradores, validaciones automáticas, contadores de caracteres, derecho a no aportar documentos ya en poder de la Administración y a no presentar originales, y plazos "realistas" de respuesta.

"El decreto enuncia herramientas digitales, pero no indica qué procedimientos pasan a ser de declaración responsable ni fija un plan de digitalización por defecto", ha advertido. Pedreño ha señalado, además, que la simplificación "por sí sola no basta" y debe acompañarse de "evaluación permanente de la normativa" y de "coordinación operativa" para que los ahorros sean efectivos.

A modo de referencia, ha citado procesos de eliminación de cargas "que han permitido suprimir 175 trámites y ahorrar 37,5 millones", como ejemplo del impacto cuando "se trabaja de forma conjunta".

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE, Alfonso Martínez, ha preguntado por las causas de los "fracasos" de anteriores leyes de simplificación y ha señalado la "eterna tramitación" de planeamientos generales como uno de los cuellos de botella, defendiendo la colaboración público-privada "con garantías" y la participación de sindicatos, economía social y ayuntamientos.

Desde Vox, Virginia Martínez ha agradecido la "visión sectorial" y ha animado a Ucomur a remitir sus propuestas para incorporarlas vía enmiendas, defendiendo que "la simplificación debe estar en la mente del legislador en todos los procesos".

Por el Grupo Mixto, María Marín (Podemos) ha cuestionado que la ley "vaya a beneficiar principalmente a pymes y autónomos" y ha sostenido que "favorece a grandes promotores e industrias del agronegocio", reiterando la petición de que se tenga "en cuenta a las cooperativas".

La diputada del PP, María Casajús, ha defendido que esta cuarta ley "adapta" las anteriores a un contexto "más competitivo y digital", ha negado "cesiones de competencias" y ha sostenido que refuerza "la gestión cotidiana" de los ayuntamientos, reduciendo duplicidades "sin rebajar controles".