Denuncia la "situación tercermundista de los derechos de trabajadores en la que se encuentran las 40 orientadoras laborales del SEF"
MURCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato UGT Murcia, Antonio Jiménez, anunció hoy, en declaraciones a Europa Press, que "se está iniciando un estudio para valorar la legalidad o ilegalidad de muchos contratos de consultorías y asistencia que tiene la Administración regional". En este sentido, concretó que de ese inventario de consultorías que tiene el Gobierno "ya se han mirado 200, de las que un alto porcentaje son en fraude de ley".
Se trata, según explicó, de "contratos que vienen a sustituir el empleo público, objetivo e imparcial, que es el adecuado para las actividades, por su empleo privado o para eludir responsabilidades sociales".
En concreto, Jiménez se refirió a la "situación tercermundista y de fraude a los derechos de los trabajadores en la que se encuentran las 40 orientadoras laborales del Servicio de Empleo y Formación (SEF)".
Y es que, advirtió, "allá donde haya un contrato de consultoría y asistencia que lo único que haga es evitar o eludir las responsabilidades sociales por parte de la Administración, eso es un contrato en fraude de ley y un ejemplo significativo es lo ocurrido en el SEF".
Es por ello por lo que exigió al Servicio de Empleo y Formación que "asuma sus responsabilidades e integre este servicio de orientación que tiene externalizado y garantice los puestos de trabajo"
En esta línea, explicó que "entre las funciones de estas orientadoras laborales se encuentran el asesoramiento, tutorías individualizadas y grupales dirigidas a los desempleados inscritos en el SEF".
Así, expuso que "estas trabajadoras, en total 40, llevan hechas más de 60.000 tutorías en los tres últimos años y medio y además, están haciendo otras muchas tareas que no son las propias del puesto para el que fueron contratadas por esa empresa interpuesta".
"Están viendo, de una manera que no le corresponden, criticó, todo el tema de las peticiones de trabajo que hay con relación al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, un tema que no es de las oficinas de empleo del SEF, porque ahí pueden haber parados inscritos y no inscritos". En definitiva, puntualizó, "son tareas que no le corresponden, tareas estructurales propias y permanentes del SEF, que las están haciendo a través de esta empresa interpuesta".
EMPLEO "PRECARIO".
El secretario sindical recordó, por ello, que "a lo largo de los últimos cuatro años, UGT ha criticado en diversas ocasiones la situación ilegal e injusta de estas trabajadoras, dependientes de una empresa adjudicataria del servicio, cuando realizan laboras dirigidas, planificadas y bajo las órdenes directas del SEF, lo que implica que son parte estructural de este organismo y que en su día eludió sus responsabilidades como empleador público al externalizar el servicio".
Además, puso de manifiesto que "este tipo de servicios externalizados están sometidos a la Ley de Contratos de Administraciones Públicas que impide que los contratos de consultoría y asistencia se extiendan más allá de los cuatro años que ahora se van a cumplir", lo que significa, indicó, que "estas orientadoras laborales ven peligrar su puesto de trabajo, están contratadas de forma incorrecta y su labor es de suma importancia dentro del SEF".
Para Jiménez, este hecho es "más grave, si cabe, dado que se trata de un organismo de la Comunidad Autónoma encargado de la búsqueda de empleo estable y de calidad" y, sin embargo, lamentó, "somete a trabajadores a su servicio a empleo precario y ha buscado en este caso una empresa interpuesta, eludiendo responsabilidades sociales".
Asimismo, resaltó que "hace poco más de un año y medio, el Gobierno regional suscribió con agentes sociales y sindicales el II Pacto por la Estabilidad en el Empleo en la Región, pacto que uno de sus organismos incumple de forma inconcebible manteniendo actitudes como esta".
Entre otros asuntos, el responsable de FSP-UGT Murcia reprochó el hecho "no sólo la inestabilidad laboral de las orientadoras laborales, sino también las precarias condiciones económicas, de unos 700 euros al mes, combinado con excesivas y abrumadoras cargas de trabajo".
A tenor de los hechos, exigió al consejero de Empleo y Formación, Constantino Sotoca, que "de forma urgente, garantice la continuidad de este colectivo que trabaja en las oficinas de empleo y en los servicios centrales del SEF", en aras del cumplimiento del II Pacto por la Estabilidad en el Empleo.
Por último, también solicitó que "se integre este servicio, indebidamente externalizado en 2004, en la estructura orgánica del SEF mediante la figura de la subrogación".
