MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha manifestado su "enérgico" rechazo al proyecto de ley aprobado por el Gobierno por el que se suben las tasas judiciales y se vincula su recaudación con la financiación de la Justicia Gratuita.
La Abogacía explica que la Asistencia a la Justicia Gratuita "apenas representa un 6,5 por ciento del gasto en Justicia" y es una materia que "afecta al corazón del Estado de Derecho". Por ello, entiende que sus gastos deberían ser sufragados desde los Presupuestos y no desde "tasas especiales".
"Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos intereses y no puede impedirse ese acceso por medio de un sistema de tasas que perjudica a quienes tienen menos medios económicos", afirma.
Así, subraya en un comunicado que no es admisible incorporar en el Estado de Derecho "una balanza en la que se coloque en un platillo el derecho fundamental a la defensa y en el otro el pago de una tasa".
"El derecho a la defensa, fundamental y de relevancia constitucional, resulta imprescindible para la pervivencia del Estado de Derecho y las tasas no pueden oponerse como recurso necesario para pagar a los abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita. Esto es enfrentar a los ciudadanos con la Abogacía de forma injusta", añade.
Para Carnicer, el Gobierno introduce "un criterio peligroso" sobre el coste social de la Justicia Gratuita, que constituye el último recurso para hacer valer los derechos de quienes "no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios, ni esperanza".
El régimen propuesto por el Gobierno amplía el ámbito subjetivo de abono de tasas, al afectar a personas tanto físicas como jurídicas y sólo se exonera a las personas que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita por carecer de recursos para litigar.
La Abogacía Española reitera que la forma de evitar la litigiosidad no es poner barreras, en forma de tasas, para acceder a la Justicia. "Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales en defensa de sus legítimos derechos, intereses y pretensiones, tal y como reconoce nuestra Constitución, y no puede impedirse ese acceso por medio de un sistema de tasas que, en definitiva, perjudica a quienes tienen menos medios económicos", indica.
"Nos parece bien que se busquen fórmulas para evitar acudir a los tribunales y aumentar las vías de solución extrajudicial de los conflictos, pero no a base de poner trabas de carácter económico", concluye la Abogacía, para ofrecer su colaboración en la búsqueda de soluciones.
