AMPL.- El celador de Ses Salines (Mallorca) certificó la antigüedad de las edificaciones del ex alcalde

PALMA DE MALLORCA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El celador de Ses Salines, Sebastián Escalas, acusado dentro del caso Caballistas, reconoció hoy que emitió y registró en el Ayuntamiento un certificado donde hacía constar que en la parcela del ex alcalde Sebastià Vidal, situada en suelo rústico, había un edificio de más de 26 años de antigüedad, "sin conocer" que iba dirigido a ayudar a obtener el interés general de las propiedades que Vidal tiene en la zona y que éste construyó presuntamente como una vivienda unifamiliar.

Durante su declaración en el marco del juicio que desde hoy se está celebrando por el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Escalas, para quien la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación por delito de falsedad documental, afirmó que basó la antigüedad de la edificación en una fotografía aérea de 1979, sin comprobar si se habían producido reformas desde entonces o se habían añadido pisos. Asimismo, subrayó que desconocía que esa parcela pertenece al ex alcalde.

"Siempre he vivido en Ses Salines, desde hace 63 años, y no sabía que era de Vidal", insistió Escalas, quien negó al mismo tiempo "saber de caballos y de si iban o no caballistas" a la finca del ex primer edil. Tal y como incidió, desconocía la finalidad de la solicitud, toda vez que negó saber si la construcción constituye en realidad una vivienda, respecto a lo cual justificó que "nunca he entrado en ella y además está situada en un camino cerrado".

Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, en el informe el celador hacía referencia a una única edificación tras haber efectuado una visita de inspección en la parcela 21 del polígono 9 del plano del Catastro de Rústica de Ses Salines, y estima la antigüedad en más de 26 años, además de exponer que no se había hallado ningún expediente de infracción urbanística. Todo ello pese a que había más construcciones, tenían menos de diez años y eran ilegales.

Mientras tanto, en el turno de comparecencia del ex alcalde de Campos, Andreu Prohens, admitió que el 5 de agosto de 2005 firmó un documento oficial del consistorio para certificar que la Agrupación Caballista de Ses Salines venía actuando en el municipio desde 1995, a pesar de que, según el Ministerio Público, Prohens conocía de manera "directa" que el contenido del certificado "no se correspondía con la realidad".

"Di el visto bueno porque cada día nos encontramos con firmas sobre la mesa", afirmó el ex primer edil, quien señaló que el certificado había sido expedido por el secretario del Ayuntamiento, Sebastià Portell. Asimismo, remarcó que su relación con Vidal se limitaba "a nivel de partido" y aseveró que nunca había contratado a los caballistas ni firmado ningún documento al respecto.

"Tampoco les hemos pagado nada y desconozco si se les ha hecho alguna invitación", incidió a preguntas del abogado de Portell, Carles Tarancón. En concreto, para Prohens la Fiscalía pide tres años de cárcel y cinco de inhabilitación, además de 20 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros.

TURNO DE PORTELL, JAUME Y MIQUEL VIDAL

Por su parte, Portell, preguntado por el fiscal Ladislao Roig, también admitió haber firmado el mismo documento aunque negó recordar si Vidal, al contactar con él, le instó a poner el nombre de 'Agrupación', al tiempo que sí apuntó que le había indicado la fecha que debía constar en el certificado -1995, como fecha desde la que actuaba la entidad hípica en el municipio de forma habitual-. No obstante, recalcó que la finalidad del documento no se la comunicó.

Durante el interrogatorio, Portell, desde hace 18 años secretario del Ayuntamiento, afirmó que "con todos los contratiempos que me ha traído el informe", no volvería a firmarlo, pese a asegurar que, en el momento de la rúbrica, "estaba absolutamente convencido de que estaba certificando la verdad".

Tras su declaración, llegó el turno del alcalde en funciones de Llucmajor, Joan C. Jaume, que recientemente sustituyó en el cargo a Lluc Tomàs tras ser condenado por el caso Rabasco, y quien manifestó que, cuando firmó el certificado para ser incorporado al expediente de reclamación de interés general, no comprobó personalmente los datos que se incluían pero estaba "segurísimo de que eran ciertos, ya que participaba directamente en la confección del programa de ferias".

Asimismo, aseguró no recordar si Vidal le indicó las fechas que debía poner en el documento aunque sé le instó a reflejar que los caballistas habían actuado varias veces a Llucmajor. "Volvería a firmar el certificado si es de la misma forma, convencido de que lo que certifiqué era cierto, porque no le he dado más importancia al tema", agregó el primer edil en funciones, que se enfrenta a nueve meses de inhabilitación y diez meses de multa por 20 euros diarios.

El último de los acusados que declaró hasta el mediodía -a las 14.00 finalizó la sesión para volver a ser reanudada a las 16.00 horas- fue el alcalde de Santanyí, Miquel Vidal -todavía ejerce en el cargo-, quien recordó que Vidal le llamó por teléfono y, sin explicarle los términos de su propuesta, le comentó que su intención era crear un club hípico en Ses Salines, por lo que le solicitó que redactase una carta donde dejase constancia de que la agrupación caballista había actuado en Santanyí en varias ocasiones.