Solicita el rechazo de la demanda interpuesta por esta formación y Herri Batasuna por vulneración de derechos
MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha presentado un escrito de nueve páginas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDH) de Estrasburgo en el que solicita el rechazo, "por ausencia de fundamento" de la demanda interpuesta por Batasuna y Herri Batasuna tras ser declarada su ilegalización por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional españoles. La demanda fue admitida parcialmente a trámite a mediados del pasado mes de diciembre.
Entre otras consideraciones, los servicios jurídicos del Estado señalan que el proceso de ilegalización de Batasuna no vulneró derechos fundamentales de los integrantes de la formación, cuya trayectoria "revela claramente su identificación con el terrorismo".
El escrito de alegaciones se ha enviado dentro del plazo de dos meses dado al Estado español por el Tribunal Europeo tras admitir parcialmente las demandas presentadas por ambos partidos, que consideran que la declaración de ilegalidad vulnera determinadas disposiciones establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
La Abogacía comienza señalando que el Estado español "está obligado a evitar las violaciones de derechos fundamentales que se producen como consecuencia del clima de terror generado por la organización terrorista ETA, a cuya existencia, pervivencia y amplificación" contribuyen organizaciones que, como las demandantes, "surgen por designio de dicha organización terrorista o son utilizadas por ella bajo su completo control".
Para el Gobierno es "indudable" que la actitud de los partidos ilegalizados ha contribuido a deteriorar las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia. Esta ha consistido en utilizar la violencia para la consecución de sus fines, justificar o exculpar los atentados y apoyar políticamente la acción de ETA.
AL TANTO DE LOS ÚLTIMOS ATENTADOS
Recuerda que, tras el último escrito que presentaron ntes de que se admitiera a trámite la demanda de Batasuna, han ocurrido nuevos y graves atentados que "prolongan el ambiente opresivo generado por el terrorismo". En este punto, el escrito cita el atentado contra la T4, el asesinato de dos guardias civiles en Francia, los ataques de 'kale borroka' contra juzgados y partidos políticos y la extorsión a empresarios mediante el denominado "impuesto revolucionario".
Lo que según los demandantes son dos partidos diferentes (Batasuna y Herri Batasuna), no es más que un mismo frente político que "surge por designio directo de la organización terrorista y funciona siempre bajo su total control". Agrega que "existe un desdoblamiento funcional, pero una solo organización real".
Por ello, la sentencia de ilegalización dictada por el Supremo en marzo de 2003, y confirmada por el Tribunal Constitucional en enero de 2008, describe la estrategia de ETA mediante la "sucesión" de organizaciones. "La coincidencia de responsables, candidatos y electos -frecuentemente personas condenadas por terrorismo-, la utilización de sedes sin transmisión formal o la identidad de denominación de los sucesivos grupos parlamentarios, son algunos de los elementos que lo acreditan", continúa el escrito.
Destaca igualmente el abogado del Estado que durante el proceso ante el Supremo no compareciera Herri Batasuna, aunque más tarde se personara ante el Constitucional y ahora ante Estrasburgo. Las observaciones de réplica de HB, al centrar su pretensión en el cobro de subvenciones nominativas a este partido, según el Gobierno, "ofrecen una clara indicación de por qué se altera la estrategia inicial, ya que parece conveniente introducir una demanda invocando este nombre".
Advierte también el Gobierno que tras la disolución de Batasuna se han producido diversos intentos de dar continuidad a estas organizaciones, mediante el recurso a la presentación de candidaturas por agrupaciones de electores, la constitución de un nuevo partido o "la utilización de algún partido durmiente controlado por ETA y que súbitamente ha resucitado".
La reacción del Estado español frente a estos intentos de defraudar la Ley de Partidos "ha dado y dará lugar a nuevas sentencias y, eventualmente, a nuevas demandas ante el TEDH", recuerda el escrito.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
Incide también en que la libertad de expresión alegada por los miembros de las organizaciones ilegalizadas "no amparan las incitaciones a la violencia o el respaldo de la misma", y que en España "la defensa y consecución de cualquier objetivo político es admisible", lo que no se admite es "el empleo de la violencia para lograrlo".
Otro dato que avala esta tesis es el hecho de que Batasuna nunca haya hecho un desmentido público de las noticias periodísticas que la vinculan con ETA. "Atribuir a estas alturas al mensajero la responsabilidad de divulgación falsa o distorsionada de declaraciones de responsables políticos y electos de Batasuna para ponerlas en duda no es serio. A no ser que un partido se distancie de este tipo de actos y discursos, éstos son imputables al mismo", añade.
En sus manifestaciones públicas, según los Servicios Jurídicos del Estado, Batasuna nunca ha marcado distanciamiento alguno de las acciones violentas "que jamás condenan y que más bien justifican".
OTROS PARTIDOS INDEPENDENTISTAS.
Añade que "es notorio y resulta incontestable el hecho de que en España existen no pocos partidos independentistas, que desenvuelven su actividad sin obstáculo alguno", y que muchos de ellos "pretenden la independencia del País Vasco, participan en las instituciones y ejercen importantes responsabilidades de gobierno".
"Ante esta realidad obvia, resulta imposible compartir que las demandas pretendan explicar el proceso de ilegalización de Batasuna como un intento de cercenar la libertad de expresión del independentismo vasco, que de hecho se expresa libremente cada día", afirma el Gobierno.
La Abogacía del Estado concluye que "la defensa de los principios democráticos y de los derechos fundamentales de quienes disienten de las posiciones políticas de quienes utilizan y defienden la violencia como método político justifican plenamente y exigen la reacción del Estado de Derecho".
