Los querellantes califican de "nefastos" y "personajes infames" a los magistrados y piden que sean procesados por prevaricación
MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
Seis asociaciones han presentado este jueves ante el Tribunal Supremo una querella criminal por presunto delito de prevaricación contra los seis magistrados del Tribunal Constitucional que avalaron la presencia de Bildu en las pasadas elecciones municipales y forales del 22 de mayo. A las puertas del alto tribunal, los portavoces de estas asociaciones se han definido como representantes "también de una indignación nacional" y defensores de la legalidad.
La querella criminal, por un presunto delito de prevaricación, se ha interpuesto conjuntamente por el Sindicato Manos Limpias, Libertad e Identidad, Hazte Oír, Fundación Denaes (para la Defensa de la Nación Española) Voces contra el Terrorismo y Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro. Acudieron un total de 16 personas a presentar la querella, entre ellas María Jesús González, víctima de ETA y madre de Irene Villa.
A favor de permitir la participación de Bildu en los comicios votaron el presidente del alto tribunal, Pascual Sala y los magistrados designados por el PSOE Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Adela Asúa, que son aquellos contra los que se dirige la querella.
DECLARACIÓN ANTE EL TS DE TODOS LOS MAGISTRADOS
Entre las diligencias a practicar, los querellantes solicitan que todos ellos sean llamados a declarar como imputados, mientras que piden que los cinco magistrados que votaron en contra de la demanda de amparo presentada por Bildu, y que suscribieron voto particular discrepante con la mayoría, lo hagan como testigos. Los discrepantes fueron los magistrados Francisco José Hernando, Manuel Aragón, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Francisco Pérez de los Cobos.
La iniciativa se fundamenta, según el abogado Joaquín Ruiz de Infante, en la extralimitación por parte de los magistrados citados al valorar "de forma sesgada e intereresada" la prueba aportada contra la coalición tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, ya que ésta no es la labor del Tribunal Constitucional; así como en la ignorancia de la propia jurisprudencia constitucional.
"DEBER CÍVICO Y PATRIÓTICO"
El portavoz de la Fundación Denaes, Santiago Abascal, comentó a las puertas del Supremo que este jueves, al que se refirió como "26-M", acuden en representación "del sentir y de la indignación de millones de españoles". Añadió que su participación en la querella responde al cumplimiento "de un deber cívico y a un deber patriótico".
"Tenemos plena confianza en que el Tribunal Supremo, como máximo órgano de la jurisdicción española, actué con profesionalidad y con independencia", dijo Abascal, para añadir que a ellos, "al contrario que los seis nefastos magistrados del Constitucional que dictaron la resolución sobre Bildu", les asiste "la razón, la legalidad constitucional", les mueve "la memoria de las víctimas y la lealtad a España" y además no tienen "dueño".
El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, señaló que presentan esta querella ejercitando la acción popular, que está prevista en el artículo 125 de la Constitución Española.
"Hemos recogido la indignación de la sociedad española ante una sentencia que nos parece cuando menos aberrante", ha señalado Bernard, para añadir que la querella está fundamentada desde el punto de vista técnico, jurídico y documental. "Apelamos a la independencia del Poder Judicial, porque a nadie se escapa que la sentencia del Constitucional ha sido política, lo que la deslegitima", ha agregado.
A juicio del secretario general de Manos Limpias, las consecuencias "nefastas" de la sentencia del TC radican en que en estos momentos la banda terrorista ETA, a través de Bildu, está presente en las instituciones vascas. "Ello supone no solamente una afrenta a las víctimas del terrorismo, sino también al Estado de Derecho y a la sociedad española en su conjunto", ha señalado.
"LA MAYOR TRAICIÓN" A LAS VÍCTIMAS
También ha intervenido a las puertas del Supremo el abogado y miembro de Voces contra el Terrorismo, Juan Carlos Rodríguez Segura, quien ha explicado que se han unido a esta querella porque entienden que se ha cometido "la mayor traición" a las víctimas al permitir a ETA estar en las instituciones.
"Se estaba trabajando desde hace muchos años para evitar que ETA cobrase de nuestros impuestos y el Constitucional lo ha conseguido, con el voto de estos infames personales", ha dicho el abogado, para añadir que ETA "va a volver a traer la muerte" y ellos representan la "libertad y la vida".
Finalmente ha intervenido Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oir, que dijo representar "la voz de los ciudadanos que no están conformes con esta decisión politizada del Tribunal Constitucional", que se tomó sin contar con sentencias previas del propio alto tribunal.
"ETA ya tienen más de mil concejales precisamente por culpa de estos magistrados y por culpa también del propio presidente del Gobierno", ha dicho Arsuaga, para añadir que todos ellos "deberían salir de esos ayuntamientos para que vuelva la normalidad democrática a nuestro país".
Estas asociaciones han optado por presentar una querella criminal conjunta, mediante acción popular, después de que el Tribunal Supremo archivara el pasado viernes una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra estos mismos magistrados por un presunto delito de prevaricación.
El Supremo alegó entonces que no podía admitir a trámite la demanda al no tratarse de una querella, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 406 señala que podrá deliberar sobre la posible responsabilidad penal de los jueces y magistrados "en virtud de querella del Ministerio Fiscal o del perjudicado u ofendido o mediante el ejercicio de la acción popular", sin que, por consiguiente, esté prevista la denuncia como "medio legalmente admitido" para exigir la responsabilidad de los magistrados, añade el alto tribunal. actuado de facto como "un tribunal de apelación y revisión".
En el contenido de la querella, de 58 páginas, se señala que los magistrados querellados han cometido prevaricación porque firmaron la sentencia sobre Bildu "a sabiendas de su injusticia, apartándose de forma manifiesta del contenido de sus funciones jurisdiccionales, llevando a cabo una revaloración individualizada de la prueba, lo que es groseramente contrario a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".
VIOLACIÓN DE LA LOTC
Añade la querella que no nos encontramos ante un supuesto de errónea interpretación de la norma por parte de los magistrados querellados, sino que la actuación de éstos "se ha producido en clara violación de la propia norma de funcionamiento del Tribunal del que forman parte y, concretamente, de las normas que establece la delimitación competencial".
Dicha extralimitaión, añaden "ha sido constatada de forma clara y precisa por el resto de los magistrados discrepantes, y ha quedado patente en sus votos particulares", por lo que solicitan su comparecencia como testigos.
A juicio de las asociaciones querellantes, los seis magistrados que validaron Bildu utilizaron un sistema "muy particular" de trabajo al "desmenuzar los elementos probatorios, previamente valorados por el Tribunal Supremo", lo que provocó la "desnaturalización forzada de la convicción alcanzada por dicho tribunal con la finalizad de permitir la presentación de Bildu a las elecciones del 22 de mayo, pese a su evidente improcedencia".
Finalmente, insisten en que el presunto quebrantamiento del Derecho por parte de los magistraodos querellados se revela "porque en el ejercicio de sus poderes se han apoyado en consideraciones no jurídicas, no técnicas, ajenas a la función jurisdiccional", con el fin de elaborar una fundamentación jurídica en base a su objetivo inicial.
