PALMA DE MALLORCA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, ha asegurado que el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Francesc Triay, "ha sido muy escrupuloso en todo el trabajo que ha hecho", por lo que ha considerado que la investigación abierta este miércoles en torno a unas presuntas irregularidades en una concesión a la empresa Trapsa "no le pone en cuestión".
Así ha contestado el presidente a los periodistas en referencia a los registros que la Policía Nacional inició este miércoles en las dependencias de la APB en el marco de la denominada Operación Mar Blau. Los agentes registraron la sede de la AP en Palma en busca de expedientes relativos a la concesión a la empresa Trapsa Yates de varios expedientes de ocupación de suelo público en varios puertos de las islas.
En concreto, se investiga la posible comisión de delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa, en los que habrían incurrido funcionarios de la Autoridad Portuaria Balear (APB) en el marco de esta adjudicación.
Al mismo tiempo, están siendo allanadas las oficinas de Trapsa en el Puerto de Mahón, las de esta empresa en Palma y un domicilio particular en la capital balear.
Antich ha expresado el apoyo del Gobierno balear hacia la Justicia para que "aclare si efectivamente ha habido algunas actuaciones que no están de acuerdo con la ley".
En cualquier caso, Antich ha hecho estas declaraciones desde la "prudencia", debido a que el proceso sigue abierto y se encuentra bajo secreto de sumario.
Las investigaciones se centran, entre otras concesiones, en el presunto trato de favor que recibió la empresa Trapsa Yates en el concurso convocado para la gestión de los amarres del puerto de Mahón, del que resultó ganadora en octubre de 2008.
A raíz de esta concesión, Trapsa debía explotar los puntos de atraque durante 14 años y diez meses, con una inversión de 2,8 millones de euros para 155 amarres de 10 a 30 metros de eslora y una aportación de 600.000 euros al año a la Autoridad Portuaria por la explotación del dominio público portuario (frente a los 397.964 euros fijados en las bases del concurso).
Sin embargo, las indagaciones apuntan a que la convocatoria, cuyo pliego de bases y cláusulas fue aprobado por unanimidad por el Consejo de administración de la APB el 30 de septiembre de 2003, pudo ser amañada a tenor, entre otros aspectos, de lo trascendido de una conversación entre el ex presidente de la APB, Joan Verger, y el director de la entidad, Ángel Matías, con el máximo responsable del Club Marítimo de Mahón, Luis Barca, al margen del proceso de adjudicación.
Así, la Fiscalía ha enfocado sus investigaciones durante estos últimos meses, en relación con este nuevo caso de presunta corrupción, en las negociaciones que se habrían llevado a cabo independientemente del desarrollo del concurso y de la valoración de los técnicos a las distintas propuestas presentadas.
