VITORIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, y el cabeza de lista para el Congreso por Alava, Iñaki Aldekoa, anunciaron hoy que impulsarán en las Cortes Generales una revisión completa de todo el marco legal de regulación de las relaciones Estado-Iglesia, "desde el concordato hasta la legislación fiscal, pasando por una legislación específica sobre la resocialización del patrimonio histórico-artístico que la Iglesia detente".
En un acto celebrado frente a la Catedral Nueva de Vitoria, ambos dirigentes solicitaron la "separación de poderes" entre el Estado y la Iglesia Católica, al tiempo que denunciaron "la presión ejercida al Gobierno central por parte de la jerarquía eclesiástica en diversos temas, como el aborto o el matrimonio entre personas homosexuales".
Asimismo, consideraron que "la creciente beligerancia de la jerarquía católica española en la política, como un agente político más, necesita de una contestación contundente".
"Hay que admitir que la Iglesia, como cualquier colectivo, tiene pleno derecho a expresar sus opiniones políticas, incluso a nivel electoral, a favor o en contra de unos partidos u otros, pero en correspondencia, queda sometida a la crítica política", indicaron.
En este sentido, denunciaron que ahora "se oponga políticamente a la negociación con ETA y que hayan participado como intermediario en negociaciones anteriores".
Para Aralar, es "inadmisible" que esta institución "pretenda imponer sus paradigmas y modelos de organización civil a toda la sociedad". "A nadie se le obliga por ley a abortar, ni a casarse si es homosexual, ni a recibir cuidados médicos paliativos para una muerte digna y sin dolor. Todos estos derechos son libres y optativos. Basta ya de que la Iglesia nos los quiera quitar", añadieron.
Asimismo, consideraron que un ordenamiento jurídico no-confesional "no puede admitir semejantes intentos de imponer una 'sharia católica' o de volver a los tiempos del Tribunal del Santo Oficio".
Zabaleta y Aldekoa instaron además al Gobierno central a "no seguir dispensando un trato discriminatorio a favor de la Iglesia, en cuanto a financiación y estatus fiscal", y advirtieron de que esta institución "tiene que autofinanciar los gastos derivados de su acción pastoral y de proselitismo, de sus actos de culto y del mantenimiento de su clero". Y también criticaron el "trato fiscal de excepción en cuanto a su renta y patrimonio".
Por último, dijeron que "no es admisible que la Iglesia se apropie, como si de una propiedad privada más se tratase, de todo el patrimonio histórico-artístico acumulado a lo largo de los siglos por las donaciones de todo signo realizadas cuando la separación entre la Iglesia y el Estado era inconcebible".
"Dicho patrimonio es propiedad de toda la sociedad y la Iglesia no puede disponer de él unilateralmente como una propiedad privada enajenable más", concluyeron.
