La asociación mayoritaria de fiscales recalca que García Ortiz "debió dimitir antes" porque era "previsible" el juicio

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha insistido este martes en que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tuvo que apartarse "antes" de que el Supremo le abriera juicio, un paso "previsible" por los "indicios" en su contra.

"Parece que no está en su voluntad dimitir en ningún momento del procedimiento, aunque consideramos que debió haber dimitido antes", ha traslado la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, en declaraciones a Europa Press.

Así lo ha hecho ante la decisión del magistrado Ángel Hurtado de sentar en el banquillo de los acusados al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado instructor le ha reclamado una fianza de 150.000 euros, pero ha rechazado suspenderle en el cargo, como había pedido la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Dexeus ha sostenido que "era previsible" que "se acordara la apertura de juicio oral contra García Ortiz" después de "la valoración de que existen indicios de criminalidad realizada por el juez instructor y confirmada por la Sala de Apelación".

LA VISIÓN DE LOS JUECES

Por su parte, desde la carrera judicial, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han advertido, también en declaraciones a esta agencia de noticias, de que la apertura de juicio oral al fiscal general es una situación "insólita" que "daña el prestigio de la institución".

El portavoz de AJFV, Sergio Oliva, ha señalado que el auto de apertura de juicio oral confirma que se dará "una imagen nunca vista en democracia, un fiscal general del estado sentado en el banquillo de los acusados".

"Y con pleno respeto a la presunción de inocencia, tenemos que decir que esa imagen daña de forma terrible el prestigio de la institución", ha agregado.

Para el presidente de FJI, Fernando Portillo, la resolución era "ya esperada", un paso procesal que prevé la ley y que "no depara sorpresa alguna", pero que es una "insólita situación".

"Básicamente, que se va a sentar en el banquillo una persona como el fiscal general y por importantes presuntos delitos", ha expresado, para criticar que, si continúa en el puesto cuando sea juzgado, habrá una "duplicidad que es mala para la imagen de la institución y la apariencia de imparcialidad de los fiscales que tiene que decidir si acusar o no".