LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca) de Telde ha iniciado los trámites para denunciar ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supuestas irregularidades en la instrucción del 'Caso Faycán' por parte del juez Javier García, cuya labor estiman que es "lenta, inadecuada y que delega en la Brigada Provincial de Información" de la Policía Nacional.
Así lo asegura en un comunicado el presidente de AFV y ex concejal de Urbanismo del municipio grancanario Guillermo Reyes, imputado por un presunto delito de prevaricación por el que será citado próximamente a declarar ante el juez ya que su comparecencia de hoy fue suspendida.
Reyes reprueba en su nota la "sorprendente falta de comprobación de la Policía y del magistrado" en relación a una firma en un documento de cédula de habitabilidad otorgada a la empresa Preconte para un edificio en Arnao que asegura que no es suya.
Según el ex concejal de Urbanismo ello "sólo se puede entender como una dejación impropia de sus deberes, especialmente grave en el caso del magistrado García, que estando en comisión de servicios especiales no se entiende que su instrucción siga siendo lenta, inadecuada y delegando en la Brigada Provincial de Información".
De este modo, el dirigente de AFV ha inicIado los trámites para denunciar ante el CGPJ "estas incidencias y se depuren las correspondientes responsabilidades a que hubiere lugar".
En concreto, en relación a su citación judicial, Reyes explica que tras la correspondiente personación procesal en el juzgado, ayer miércoles "se le dio traslado de la documentación obrante en autos en que se sustenta el informe policial de la presunta prevaricación por otorgar indebidamente una cédula de habitabilidad en una vivienda de la calle Maestra María del Rosario Hernández número 25", en Arnao.
A continuación, precisa que en los autos obrantes en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 "a la fecha citada no consta ningún documento original o copia cotejada de dicha cédula de habitabilidad, sino una simple fotocopia en la que se aprecia a simple vista que la citada firma no corresponde a la de Guillermo Reyes, sino otra ostensiblemente distinta".
Agrega que personándose "como concejal en el expediente municipal, allí igualmente consta una cédula cuya firma no corresponde" a él.
INFORMES FAVORABLES.
Igualmente, detalla que "en dicho expediente municipal se acredita que la totalidad del edificio cuenta con informes técnicos favorables para la concesión de la citada cédula de habitabilidad, y que igualmente dicho edificio fue a la junta de gobierno el 10 de octubre de 2005 contando con las tasas municipales abonadas y se le dio traslado al interesado con fecha 14 de octubre de 2005".
En este sentido, manifiesta que, "a la vista del expediente municipal, resulta evidente que esta irregularidad administrativa entre fechas de los informes y errores materiales en los traslados de los oficios no supone ninguna ilicitud penal".
Así, considera que "la relevancia penal que se le pretende dar es producta de una actuación desproporcionada y viciada por la politización que desde la Brigada Provincial de Información se ha dado a este caso".
A juicio de AFV-Ciuca, es "lamentable y vergonzoso que con casi tres años de instrucción a estas alturas ni la Brigada Provincial de Información, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el propio magistrado García García-Sotoca hayan tenido la diligencia debida y necesaria para realizar las comprobaciones correspondientes antes de citar a Guillermo Reyes como imputado".
La plataforma resalta "la trascendencia y gravedad que supone ante la opinión pública dicho hecho y máxime cuando no hay ni base documental suficiente ni instrucción acorde para sostener dicha imputación".
Por último, AFV-Ciuca muestra "su expreso apoyo a la libertad de prensa y al estado de derecho" y asume "con normalidad dar explicaciones ante la justicia todas las veces que sean necesarias, pero eso sí con todas las garantías constitucionales y procesales, empezando por tener un juez independiente predeterminado por la ley y no uno, especial en comisión de servicios y cuya instrucción se ha visto salpicada de muchísima polémica".
