MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzará mañana las sesiones del juicio al que se enfrentarán el ex director general de la ONCE y ex presidente de Telecinco, Miguel Durán, y otros siete ex accionistas de la cadena por presuntos delitos fiscales supuestamente cometidos cuando se ocupaban de su gestión.
Entre mañana y el miércoles, primeras fechas fijadas para la vista oral, las partes podrán presentar las cuestiones previas que consideren oportunas para un mejor enjuiciamiento de los hechos investigados.
La Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de calificación provisional 14 años de cárcel y multas de 103 millones de euros para el ex director general de la ONCE y ex presidente de Telecinco, Miguel Durán, por tres delitos continuados contra la Hacienda Pública, falsedad, otorgamiento de contrato simulado y administración desleal, que habría cometido cuando estaba al frente de la citada cadena de televisión.
Los otros siete ex accionistas de Telecinco implicados en el caso se enfrentan a penas que oscilan entre 1 y 10 años de prisión. Se trata de Santiago Muñoz Machado, para el que el fiscal pide 10 años de cárcel y multas de 37 millones de euros; Javier de la Rosa, 4 años de prisión y multa de 30 millones; Rafael Alvarez-Buiza y Angel Medrano, 8 años para cada uno y multas 50 millones; Alfredo Messina y Juan Carlos López-Cid, 2 años y multa de 1.000 euros; y Giovanni Acampora, 1 año y 1.000 euros de multa.
En el auto de apertura de juicio oral, el tribunal dejó la puerta abierta a que el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi declarase como testigo, si bien recordaba que, como la acusación que había contra él se encuentra suspensa por su cargo pero no archivada, "deberán respetarse los derechos que exige esa situación procesal y, además, las disposiciones internacionales en atención a su cargo". En similar situación se encontraba el parlamentario europeo Marcelo Dell'Utri. Varios imputados habían pedido su comparecencia en el juicio, así como la de otras personas imputadas, pero no a disposición de la Justicia española.
CONSTITUCIÓN DE TELECINCO
El escrito fiscal, presentado hace más de tres años, explica que Telecinco se constituyó de la siguiente forma: un 25 por ciento lo adquirió Anaya, a través de Cecisa y registrando la acciones en Telefuturo; otro 25, el grupo italiano Fininvest, propiedad de Silvio Berlusconi; el mismo porcentaje, la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) -contratada por Durán-, a través de Divercisa; el 10 por ciento, Promociones Calle Mayor, participada por Angel Medrano y Rafael Alvarez-Buiza, aunque los pagos los realizó Divercisa; y un 15 por ciento, el fallecido Juan Fernández Montreal.
A principios de 1990, surgieron discrepancias y el Grupo Anaya y Fernández Montreal decidieron abandonar la empresa. Acordaron con Miguel Durán que éste vendería ambas participaciones y les pagaría 6.000 millones de pesetas. En realidad, Durán vendió por ese importe sólo la participación de Cecisa a Javier de la Rosa, que representaba a Tibidabo. Del 15 por ciento restante, el 10 se lo quedó Divercisa y el 5, Promociones Calle Mayor. Fininvest fue informado de todas las operaciones.
25 POR CIENTO
Cuando De la Rosa se enteró del sobreprecio que había pagado, amenazó a sus socios con hacer pública la operación realizada, porque la compra-venta no se había declarado y Divercisa superaba el límite legal de participación accionarial en Gestevisión Telecinco, marcado en un 25 por ciento por persona o entidad por la ley 10/1988 que regulaba el régimen jurídico de la televisión privada en España.
Tras rechazar De la Rosa la propuesta de Fininvest de participar en Publiespaña, que tenía la exclusiva publicitaria de la cadena y la formaban el grupo italiano (67 por ciento) y Divercisa (33), se elaboró un entramado jurídico-negocial ficticio, organizado por Santiago Muñoz Machado, para compensar económicamente al empresario catalán sin que nadie resultara perjudicado, "violando la ley tributaria en cuantías tales que devolviesen la rentabilidad a la operación".
Para vulnerar el límite máximo de participación previsto en la ley, los acusados "aportaron de manera continuada y sistemática informaciones inveraces al Registro Especial de Sociedades Concesionarias de Televisión, incluyeron esa información inauténtica en las cuentas anuales de las sociedades afectadas que accedían al Registro Mercantil, y faltaron a la verdad respecto de las transmisiones de acción, de las inversiones y desinversiones extranjeras, y de los titulares últimos de las participaciones en la cadena, en los documentos oficiales y en las comunicaciones al Ministerio de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones". Todo ello, entre 1990 y 1996.
Así, cuando De la Rosa, después de ser compensado, decidió vender su participación, Fininvest evitó que entrara un socio hostil, mediante la empresa Turmogi -luego Hamudi-, aunque el desembolso lo realizó el grupo italiano a través de sus cuentas secretas en Suiza. Como la operación hacía que Fininvest superara ampliamente el 25 por ciento marcado por la ley, se dijo a los organismos públicos que Hamudi pertenecía al grupo alemán Kirch. Acampora y Messina fueron los encargados de ejecutar la operación, para lo que Fininvest constituyó la sociedad Prokyon en Luxemburgo. Algo similar se hizo en 1993 cuando la ONCE vendió su participación a Fininvest.
DURÁN
Además de por el fraude cometido por los ex accionistas de Telecinco contra la Hacienda Pública, al no pagar el impuesto de sociedades o del valor añadido, Miguel Durán también está acusado de que en 1988, para evitar el pago de tributos, desvió "ingentes cantidades de dinero de la ONCE a una sociedad mercantil constituida al efecto, Divercisa".
A pesar de que no podía acogerse al régimen de transparencia fiscal, por estar participada por la ONCE, así lo hizo en varios ejercicios. Asimismo, Durán "dispuso que Divercisa no presentara declaración por el impuesto de sociedades de 1991", eludiendo un pago de 538.771.104 pesetas.
Tanto Muñoz Machado como Durán, "directamente o a través de sus familiares u otros colaboradores directos, constituyeron o utilizaron a partir de 1990 un grupo de sociedades mercantiles" por ellos "controladas mediante las que ordenaron el patrimonio que fueron adquiriendo en dichos años, con el triple objeto de ocultar su personal titularidad, instrumentar diferentes negocios jurídicos de forma que quedara oculta sus participaciones en los mismos, y simultáneamente, eludir el pago de tributos".
El fiscal también pide que los ocho imputados abonen, en concepto de responsabilidad civil, a la Hacienda Pública las cantidades que defraudaron. Las empresas utilizadas son declaradas responsables civiles subsidiarias.
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