MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado por mayoría repetir el juicio contra los independentistas catalanes Jaume Roura y Enric Stern, condenados el pasado 20 de noviembre por un delito de injurias graves contra la Corona al quemar una foto de Su Majestad el Rey al considerar "no se respetó el derecho de los acusados a intervenir personalmente en el juicio" y "se vulneró si derecho a la última palabra". Por ello anula la resolución que les condenaba al pago de una multa de 2.730 euros y ordena la nueva celebración del juicio "por distinto magistrado".
El juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, impidió a los dos acusados expresarse en catalán durante el desarrollo del juicio y les condenó al considerarles coautores de un delito de injurias graves contra la Corona.
Durante la vista oral Vázquez Honrrubia denunció el intento de "instrumentalizar" el incidente "para realizar una reivindicación político lingüística" de los independentistas, al tiempo que argumentó que a ambos al encontrarse en un tribunal en Madrid ya no les amparaba el derecho de expresarse en catalán.
Durante la celebración de la vista tanto la defensa de los dos acusados como el Ministerio Público solicitaron en varias ocasiones la asistencia de un traductor de catalán, puesto que no podía tener conocimiento de las declaraciones que formulaban los acusados.
Los magistrados de la Sala de lo Penal --que preside el juez Javier Gómez Bermúdez-- recuerdan en un sentencia de 11 páginas hecho público hoy que, en virtud de la Carta Europea de las Lenguas Regionales, una prueba no pueden considerarse "desestimable" por el sólo motivo de estar redactada en una lengua minoritaria.
Durante el juicio contra Enric Stern y Jaume Roura, a los que se le impuso una multa de 2.730 euros, se produjeron varios momentos de tensión como consecuencia de la negativa de los acusados a expresarse en castellano, razón por la que el juez llegó a suspender durante unos minutos la vista. Desde el comienzo, tanto Roura como Stern se pronunciaron en catalán y el magistrado consideró su intervención "como si hubieran permanecido en silencio".
La sentencia, que cuenta con el voto particular del juez Nicolás Poveda, especifica que a pesar de que los acusados incumplieron "el deber de conocer el castellano" este hecho no justifica "la violación del derecho fundamental a defensa personalmente en la lengua materna.
DERECHO PERO NO ABUSO.
No obstante, los 20 magistrados que firman la sentencia concretan que es necesario distinguir el derecho de hablar el catalán en ejercicio del derecho a la defensa del "abuso" que se produciría al utilizar una lengua que el tribunal y el fiscal desconocen "para romper el proceso o coaccionar a los intérpretes".
La sentencia especifica que los magistrados han visionado la grabación del juicio y han apreciado "incidencias relevantes" como el hecho de que, además de las peticiones de la defensa y el Ministerio Público para suspender el juicio, "incluso la Secretaría Judicial advirtió al juez que no comprendía las manifestaciones" de los acusados.
Además, el juez limitó el interrogatorio de Roura y Stern "a la fórmula de respuesta con una simple afirmación o negación". "La realidad puso de manifiesto la imposibilidad de desarrollar la prueba sin atender a los condicionamientos que el uso de la lengua materna, como opción de mejor defensa personal del acusado, imponía", dice la sentencia.
La sentencia cuenta con el voto particular del juez Nicolás Poveda que se muestra en contra de la decisión de sus compañeros al entender que los acusados que pretendan utilizar su lengua vernácula ante un tribunal deben exponer su deseo con antelación.
SATISFACCIÓN DE LA GENERALITAT.
La Conselleria de Justicia de la Generalitat de Catalunya celebró hoy esta resolución al entender que reconoce el derecho de los catalanes a expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad. La lengua, señala la sentencia, tiene una especial incidencia durante el interrogatorio del procesado y en su derecho de la última palabra, por lo que deben poder elegir "la lengua más idónea para su mejor defensa".
A raíz de la controversia generada, la consellera de Justicia, Montserrat Tura, envió una carta al presidente de la Audiencia Nacional, en la que pedía la adopción de las mediadas y recursos necesarios para evitar situaciones similares en el futuro, y se ofrecía a ayudar en la labor.
