SAN SEBASTIAN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Corporación municipal de Lizarza (Guipúzcoa), integrada únicamente por el PP, aprobó hoy una declaración institucional en la que asegura que no colaborará en la celebración de la consulta del lehendakari, Juan José Ibarretxe, a la que calificó de "proceso electoral ilegal". Asimismo, exigió al lehendakari que su "prioridad fundamental" sea "la lucha contra el terrorismo y la derrota de ETA".
El equipo de Gobierno se reunió hoy en Pleno ordinario para aprobar la Cuenta General de 2007 y varias cuestiones municipales, entre otros puntos de la sesión del día, además de una declaración de cuatro puntos a la que ha dado lectura la alcaldesa, Regina Otaola.
En la misma, manifiestan que la Constitución Española y el Estatuto de Gernika "constituyen las normas legales que garantizan el ejercicio de nuestros derechos y libertades, y son el mejor exponente de la pluralidad, el desarrollo y el autogobierno vasco".
Asimismo, exigen a Ibarretxe que renuncie a la convocatoria de referéndum para los cuales "no tiene ni competencia, ni habilitación jurídica", y "se instale en el cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente". Además, le instan a que "establezca como prioridad fundamental de su actividad política la lucha contra el terrorismo y la derrota de ETA, así como la recuperación de las libertades para el conjunto de la ciudadanía".
Los representantes municipales del PP instan al Gobierno central a que "active los mecanismos que le brinda el Estado de Derecho, con el objetivo de impedir la celebración del referéndum ilegal", al tiempo que acuerdan no colaborar "con los recursos materiales ni administrativos municipales en la celebración de un proceso electoral ilegal".
La Corporación municipal manifestó también su "repulsa y condena total y absoluta" de los atentados perpetrados por ETA así como su solidaridad hacia la familia del guardia civil asesinado en el cuartel de Legutiano, Juan Manuel Piñuel, y "hacia toda la Guardia Civil."
Asimismo, realizó una "condena expresa" del atentado contra las instalaciones del diario El Correo. "Creemos que la libertad de expresión es consustancial a la democracia y estamos convencidos de que ETA no va a poder callarnos", por lo que "la labor de los periodistas debe salir adelante, y desde luego nuestra labor como políticos en defensa de la libertad de los ciudadanos también va a seguir adelante", concluyeron.
