MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón impuso hoy a la integrante de la Mesa Nacional de Batasuna María Jesús Fullaondo la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días y la prohibición de salir del territorio nacional, por haber pronunciado un discurso contra la política penitenciaria del Gobierno, como miembro de la formación ilegalizada, en la manifestación por la autodeterminación celebrada en Bilbao el pasado 30 de septiembre.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 la interrogó hoy como imputada por un delito de integración en organización terrorista. Garzón también tomó declaración como imputadas a las otras dos convocantes de estas marchas en las tres capitales vascas y Pamplona, Ainara Armendáriz y María Teresa Díaz de Heria, contra las que no adoptó ninguna medida cautelar, y ni siquiera consideró necesario celebrar una vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional no pidió medidas cautelares contra ellas, mientras que las acusaciones populares, ejercidas por la plataforma Dignidad y Justicia y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), solicitaron que se impusiese a Fullaondo prisión provisional eludible con el pago de una fianza de 50.000 euros. La defensa pidió que quedara en libertad con la obligación de estar a disposición del juzgado.
Fuentes jurídicas informaron de que Dignidad y Justicia también solicitó que se celebrase una vistilla para determinar si se imponían medidas cautelares a la imputada Ainara Armendáriz, lo que fue rechazado por el magistrado.
Esta misma plataforma pidió por escrito la imputación del Marcelo Álvarez, quien declaró hoy ante el juez en calidad de testigo y que presuntamente también participó en las manifestaciones. La otra imputada, María Teresa Díaz de Heria, se encuentra sometida a medidas cautelares en otra causa que investiga la Audiencia Nacional sobre el colectivo ilegalizado de apoyo a presos de ETA Gestoras Pro Amnistía.
POLÍTICA "CRIMINAL" DEL GOBIERNO ESPAÑOL
En su resolución, el juez Garzón sostiene que, de los informes policiales, se desprende que Fullaondo forma parte de la Mesa Nacional de Batasuna y que, como tal, ha desarrollado una "actividad visible" en "nombre y representación" de la formación ilegalizada.
En la manifestación del pasado día 30, recuerda el auto, la imputada ofreció un discurso en el que criticaba la "política penitenciaria y criminal del Gobierno español", de acuerdo con las "pautas" del documento de Batasuna 'La Izquierda Abertzale y el Proceso Democrático', "dentro de la iniciativa 'Euskal Herriak Autodeterminazioa' de junio de 2006", y de las directrices del Zutabe (boletín interno de ETA) número 110, del pasado mes de abril.
A pesar de seguir imputada en la causa que sigue la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación de ETA a través de las 'herriko tabernas', controladas por Batasuna, el juez acordó mantener su situación de libertad provisional, puesto que "no concurren ninguno de los requisitos necesarios para decretar la prisión".
Garzón decidió citar a declarar a estas cuatro personas después de que Dignidad y Justicia presentaran un escrito solicitándolo, una vez que el juez ya había permitido las manifestaciones y éstas se habían celebrado, tras recibir un informe de la Guardia Civil en el que se vinculaba la dinámica "Euskal Herriak Autodeterminazioa" y Batasuna.
