MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El Congreso sentó esta tarde las bases de un acuerdo global sobre Justicia que incluye limitar el principio de jurisdicción universal penal, comprometer 600 millones de euros en los Presupuestos de los próximos tres años para la puesta en marcha de la Oficina Judicial y la modernización de la Administración de Justicia, alcanzar antes de finales de este mes un acuerdo de mejoras laborales con las asociaciones judiciales y promover una Mesa de Concertación para que en seis meses se inicien las reformas judiciales necesarias para mejorar este servicio público.
El Pleno del Congreso aprobó esta tarde, en la última jornada del Debate sobre el estado de la Nación, tres iniciativas en este sentido, dos de las cuales fueron fruto del acuerdo al que llegaron socialistas y 'populares' y recibieron la abstención y el voto en contra del grupo parlamentario de ERC-IU-ICV, respectivamente.
En dichos textos, se aboga por promover con urgencia la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar y clarificar el alcance del principio de jurisdicción universal de acuerdo con el principio de subsidiaridad y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo.
Así, se señala que deberá quedar acreditado que los presuntos responsables del delito se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española y que, en todo caso, no hay procedimientos abiertos ni en el país donde se cometieron los hechos delictivos ni en ningún Tribunal Internacional.
600 MILLONES EN LOS PRESUPUESTOS
Además, plantea comprometer en los Presupuestos para los próximo tres años 600 millones de euros (200 millones en cada ejercicio) para poner en marcha la Oficina Judicial, la implementación de un sistema informático de ámbito nacional y la modernización e informatización de la Administración de Justicia, así como la mejora de la financiación del beneficio de Justicia gratuita.
Asimismo, la redacción emplaza al Ejecutivo a alcanzar un acuerdo antes de finales de este mes con todas las asociaciones judiciales en relación con la conciliación de la vida profesional y familiar, la igualación del sistema de vacaciones de jueces y magistrados con el resto de funcionarios públicos y el establecimiento de un sistema que permita la adscripción de jueces territoriales y otro de ascensos y traslados.
Del mismo modo, el acuerdo aboga por actualizar la legislación penal sustantiva reformando el Código Penal en lo relativo al cumplimiento efectivo de las penas, las medidas de seguridad y el agravamiento del castigo cuando la víctima sea especialmente vulnerable por su edad, enfermedad o situación, y por la comisión de delitos muy graves.
Además, apuesta por cambios en la legislación procesal para reforzar la libertad y seguridad de los ciudadanos, por continuar impulsando reformas legislativas para mejorar la calidad de la Justicia, por incorporar de forma plena las nuevas tecnologías de la información a la Administración de Justicia, por crear un Registro Civil único en línea y por establecer fórmulas de colaboración con las comunidades autónomas que permitan a todos los juzgados y tribunales trabajar en red.
SEIS MESES PARA COMENZAR CON LAS REFORMAS
El Pleno del Congreso también aprobó una tercera propuesta sobre Justicia después de que los socialistas aceptaran una enmienda que sobre esta materia presentó CiU y en la que se apuesta por un acuerdo social para definir las medidas de carácter organizativo, los medios y medidas presupuestarias que se precisen y los cambios legislativos que se consideren oportunos.
En aras de ese objetivo, el texto emplaza al Gobierno a promover una Mesa de Concertación para que en el plazo máximo de seis meses se inicien las reformas necesarias para superar las "permanentes y profundas" carencias estructurales y atender el derecho a la tutela judicial efectiva.
