Camas.- El caso cumple hoy un año con cambio de juez y una nueva ronda de declaraciones de los imputados

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hoy se cumple un año del comienzo del 'caso Camas' por el presunto intento de soborno denunciado por la edil expulsada del Ayuntamiento de Camas (Sevilla) María del Carmen Lobo y el ex militante de IU Francisco Javier Gordo.

Justo cuando se cumple el primer aniversario del caso, éste aún continúa en la fase de instrucción y, ante el cambio registrado en la titularidad del juzgado encargado del caso, el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla --por el cual han pasado hasta tres magistrados distintos desde que empezó el caso--, el juez que se acaba de hacer cargo del mismo ha anunciado su intención de citar a declarar nuevamente a los imputados.

La noticia saltó a los medios de comunicación hace justo 12 meses tras la detención de Antonio Enrique Fraile, entonces concejal del PP en el Ayuntamiento camero; José del Castillo, concejal adscrito al PA; y del empresario Eusebio Gaviño, todos ellos hoy imputados, junto con el alcalde del municipio, Agustín Pavón (IU), llamado a declarar a las pocas horas y que, aunque no quedó detenido, sí salió como imputado. También fue llamado con posterioridad Aureliano Lucas, concejal del PP en el momento de los hechos en el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), imputado también en el caso.

El proceso ha sufrido varios parones motivados, entre otras causas, por el hecho de que Eusebio Gaviño se mostró incapacitado para prestar declaración en varias ocasiones alegando problemas de salud.

Además del cambio de abogado de la ex edil Inmaculada Larrinaga, que se sumó a las acusaciones pero que hace varios meses acabó retractándose de todo lo denunciado hasta entonces, ha habido también varios cambios en la titularidad del Juzgado de Instrucción número 2 a partir del traslado del juez que inicialmente se hizo cargo del caso Camas, Luis Gonzaga del Oro, a la Audiencia Provincial de Sevilla.

Ante su traslado se nombró a una juez sustituta hasta que la plaza ha sido ocupada definitivamente por el magistrado Carlos Mahón, que se ha hecho cargo del caso recientemente. Tras estudiar el sumario, el juez ha mostrado su intención de volver a citar a declarar a los imputados a partir del próximo día 26.

Según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press, el juez ha preferido repetir la ronda de declaraciones al ser el tercer magistrado que lleva el caso y dadas las "dudas" que le han surgido al estudiar el sumario. Además, su intención es llamar igualmente a declarar de nuevo a algunos testigos del caso, así como solicitar nuevas pruebas.

Así, fuentes del caso añadieron a Europa Press que, entre otras cosas, se pedirán grabaciones de las voces de los implicados en la presunta trama, toda vez que las pruebas realizadas por la Guardia Civil sobre la grabación aportada en la fase de instrucción por Francisco Javier Gordo no han arrojado conclusiones definitivas al no haberse podido comparar las voces grabadas con las de referencia. Cabe recordar que la grabación aportada corresponde a la realizada el 18 de agosto de 2005 por parte de Gordo en un chalet de Gaviño, donde supuestamente los imputados mantuvieron un encuentro en el que se fraguó dicho intento de soborno.

Entre los planes del magistrado figura también el de citar igualmente a dos concejales de Bormujos (Sevilla) al objeto de que ratifiquen la denuncia contra el citado empresario por otro presunto soborno.

FILTRACIONES A LA PRENSA

Así las cosas, Agustín Pavón anunció, en declaraciones a Europa Press, que los imputados han planteado al nuevo juez instructor la posibilidad de que llame a declarar a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía encargados de custodiar las grabaciones "durante los días en que se filtraron a medios de comunicación", ya que se trata de una "revelación de secreto sumarial".

"Hubo medios que tuvieron las cintas antes incluso que nosotros", añadió Pavón, quien dijo estar a la espera de que el magistrado "cite a esos responsables de la Policía que cometieron ese grave error".

Por su parte, el letrado Pedro Pérez Montero, que defiende los intereses de Fraile y Lucas, insistió, en declaraciones a Europa Press, en defender la "inocencia" de sus clientes, basándose, dijo, en "las pruebas practicadas y las que quedan pendientes. proclamo la inocencia de ambos sin perjuicio del resto de pruebas que se puedan practicar".

En cualquier caso, subrayó el letrado que "estamos abiertos a colaborar con la Administración de Justicia para esclarecer los hechos", con lo que aseguró que "nunca nos opondremos a ninguna prueba si las hubiera. Ofrecemos una total colaboración en lo que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos".