El cargo policial condenado por intentar extorsionar a una mujer que protegía recurrirá al Supremo

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El inspector jefe de la Policía Nacional E.M.A., condenado a diez meses de prisión por intento de extorsión a una mujer bajo el sistema de protección de la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección de Víctimas de Violencia de Género, ha anunciado ante la Audiencia Provincial la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia dictada el pasado día 8 por la Sección Primera.

Fuentes judiciales confirmaron a Europa Press la presentación del escrito por parte del letrado que ejerce la defensa, Rafael Salinas, quien durante la vista oral elevó a definitiva la calificación de los hechos, por los que pedía la libre absolución de su patrocinado al que el tribunal rebajó en un mes la pena solicitada por el Ministerio Fiscal por un delito de extorsión en grado de tentativa.

Sobre E.M.A., de 54 años y natural de Vigo, pesa además un expediente disciplinario incoado un día después de que la víctima, vecina de El Alquián e identificada como M.A.R.L. denunciase ante la Comisaría Provincial cómo le había pedido de modo "coercitivo y bajo amenazadas" que le prestase 18.000 euros después de que, de forma voluntaria, a lo largo de un año le diese pequeñas cantidades hasta alcanzar los 2.500 euros.

El jefe Superior de Policía de Andalucía Oriental, Pedro Luis Mélida, informaba hoy, durante una visita institucional a la provincia, de la reapertura del citado expediente pese a que afirmar que, en su opinión, no derivará en su expulsión del cuerpo ya que el agente se encontraba adscrito a la unidad en segundo servicio.

El fallo de la Audiencia Provincial, con fecha de 8 de octubre, considera probado que E.M.A. se prevalió "de forma torticera" de su cargo como funcionario público y de la relación personal entablada con la víctima durante el tiempo que duró el servicio para pedirle prestadas diversas cantidades de dinero de escasa cuantía, que ella le concedió de manera voluntaria hasta un total de 2.500 euros.

Cuando la orden cautelar de alejamiento cesó después de que el marido fuese absuelto en un juicio de faltas, no comunicó este cambio de circunstancias a la mujer y mantuvo la relación hasta que a finales de 2005 se enteró de que se disponía a vender una vivienda de su propiedad, por lo que aprovechó para pedirle otros 18.000 euros que, según le argumentó, necesitaba para pagar una deuda contraída en Vigo, su ciudad natal.

Cuando, en esta ocasión, M.A.R.L. se negó, el agente insistió en varias ocasiones durante las cuales le amenazó con prestar declaración en su contra durante el proceso civil de divorcio y custodia de los hijos. En concreto, según recoge la sentencia, le aseguró de forma "coercitiva" que la decisión que el juez adoptase al respecto "dependía" de su informe, pese a lo que la mujer mantuvo su negativa y decidió interponer denuncia.