El CGPJ estudiará el próximo día 29 si procede investigar disciplinariamente a la juez del "caso Alovera"

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará en su próxima reunión, convocada para el 29 de abril, si procede abrir una investigación a la que fuera titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid) hasta el pasado 9 de diciembre, Gemma Susana Fernández Díaz, por las responsabilidades disciplinarias en las que podría haber incurrido durante la tramitación de la causa por malos tratos contra Javier Lacasa, quien el pasado día 10 asesinó a su esposa Sylvina Jeannette Bassini y luego se suicidó, en presencia del hijo de ambos.

Fuentes del CGPJ señalaron hoy que la incoación de diligencias previas contra Fernández Díaz se basa en el resultado del informe que los Servicios de Inspección del CGPJ han realizado sobre la tramitación del "caso Alovera" - en el que han participado hasta cuatro magistrados diferentes- y que revela la posible comisión de retrasos y desatenciones por parte de la citada juez.

Tras conocerse el crimen, el portavoz del CGPJ, Enrique López, anunció que se iba investigar la actuación de la Administración de Justicia en este caso pese a que, a priori, no se apreciaba la existencia de errores judiciales.

No obstante, la investigación posterior ha revelado determinadas circunstancias (hasta ocho escritos de la defensa sin proveer ni contestar o la paralización de la causa durante y tras la sustitución de la juez Fernández Díaz, entre otras) que recomiendan remitir este asunto a la Comisión Disciplinaria.

Sylvina denunció por primera vez a su marido en 2005, si bien luego se retractó, para formalizar una denuncia un año después que recayó en el Juzgado de la magistrada Fernández Díaz, que también se encargaba de la tramitación de su divorcio. La juez dictó medidas cautelares el 2 de septiembre de 2006, entre ellas de alejamiento y entrega de armas por parte del agresor, que era militar.

La primera irregularidad detectada por el inspector es que no consta en las actuaciones el informe policial de evaluación inicial del riesgo, de evolución ni de seguimiento y contacto con la víctima que exigen los protocolos para la atención a víctimas de la violencia de género.

La actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Torrejón, Gemma Poveda, informó por escrito al CGPJ que tomó posesión de su plaza el 10 de marzo de 2008, y que no supo del procedimiento contra Lacasa hasta el pasado 7 de abril -tres días antes del asesinato de Sylvina-, cuando la funcionaria encargada del mismo le pasó un expediente en cuya carátula un post-it advertía que faltaba por resolver un recurso interpuesto contra una resolución dictada hacía casi un año, el 17 de abril de 2007.

La carpeta incluía hasta ocho escritos grapados a la última resolución también pendientes de resolver. Un día después, el pasado 8 de abril, la juez Poveda ya había dictado tres resoluciones resolviendo todo aquello que quedaba pendiente.

FUNCIONARIOS NO PREPARADOS.

La juez Poveda también destaca en su informe que la encargada de la tramitación de esta causa desde septiembre de 2007 (responsable de todas las diligencias por violencia de género terminadas en número par) es una interina que ha venido cometiendo "graves errores" y que "carece de toda formación y diligencia para el desempleo de sus funciones". Por ello, desde el pasado día 3 se le relevó de esta responsabilidad para que pasara a llevar otro tipo de asuntos en el Juzgado.

El informe del CGPJ incluye las conclusiones de una inspección de rutina realizada el pasado mes de noviembre en este Juzgado, cuando se detectó que la plantilla funcionarial de este órgano es "totalmente inestable", así como la existencia de una enorme asunción de competencias por el representante del Ministerio Fiscal, sobrecarga de trabajo y desproporción entre los asuntos asumidos por este Juzgado y el resto de los órganos judiciales de Torrejón.

El inspector propuso a la juez determinadas medidas para paliar la situación, y también pidió a la Comunidad de Madrid que valorara la conveniencia de ampliar la dotación personal y abrir en Torrejón de Ardoz una Oficina de Atención a las Víctimas y un Servicio de Orientación Jurídica.

DESATENCIÓN Y RETRASOS.

El informe de la Inspección destaca que el abogado de Sylvina solicitó reiteradamente, a través de diversos escritos, que la juez fijara una vista para estudiar si procedía el ingreso en prisión provisional de Lacasa por incumplir la orden de alejamiento, lo que fue denegado por la juez Fernández Díaz el 17 de abril de 2007.

Desde ese momento la tramitación quedó paralizada -aunque seguían llegando escritos del abogado de Sylvina que nunca fueron remitidos al fiscal-, hasta que el 19 de noviembre de 2007 la Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional del caso. No obstante, la juez dejó instrucciones manuscritas en dicha fecha que no fueron cumplidas hasta escasos días antes del asesinato de la mujer por parte de la nueva titular del Juzgado.

DESAMPARO POR LA PSICÓLOGA.

Por otra parte, el informe psicosocial realizado en este caso, con fecha de 15 de marzo de 2006, concluyó que "desde el punto de vista psicológico no se podía hablar de maltrato en el ámbito familiar", si bien la incomunicación entre los padres obligaba a que las relaciones paterno-filiales se establecieran "de manera controlada y supervisada".

Sobre Sylvina, la psicóloga señalaba que necesitaba apoyo "para afrontar la problemática relación de pareja y la consecuente ruptura y asumir sus responsabilidad es en la misma", mientras que del asesino se limitaba a señalar que se encontraba estable y carecía de "alteraciones psicopatologías que pudieran afectar a sus capacidades paterno filiales", si bien contaba con "una escasa red de apoyo", tanto familiar como por parte de sus amigos del trabajo.

En el informe, de 73 páginas, incluyen otras diligencias abiertas a raíz del intento de suicidio de Lacasa, así como las relativas la situación de acoso al que éste sometió a dos vecinos de Sylvina que habían comparecido como testigos en una ocasión en la que éste había destrozado los muebles de la casa durante uno de los capítulos de agresión a los que el militar sometió a su esposa tras los dos primeros años de matrimonio.