El CGPJ intentará cubrir todas las vacantes pendientes en el último Pleno antes de que se cumpla su mandato

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto cubrir todas las vacantes existentes en el Tribunal Supremo, en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y en varias Audiencias Provinciales en su próximo Pleno, que se celebrará este viernes, por ser el último que se realizará antes de que venza el plazo de cinco años de su mandato, que finaliza oficialmente el próximo día 7.

Aunque el CGPJ seguirá trabajando con total normalidad hasta su renovación, que se prevé se retrase varios meses, el orden del día del próximo Pleno incluye todos los nombramientos que están pendientes e incluso uno cuya vacante aún no se ha producido, ya que el magistrado de la Sala Segunda del Supremo Siro García no se jubilará hasta el próximo día 19.

Para cubrir la vacante por jubilación del magistrado José Antonio Martín Pallín en la Sala de lo Penal del alto Tribunal, la Comisión de Calificación del Consejo propone a los fiscales del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal, Manuel Marchena y Antonio del Moral. Para la plaza que dejará Siro García cuando se jubile se propone al magistrado de la Audiencia de Madrid Jesús Fernández Entralgo, el de la de Murcia Carlos Moreno Millán y el de la de Pontevedra Luciano Varela.

Calificación propone para la vacante que dejó en la Sala Quinta como magistrado su presidente, Angel Calderón, al magistrado de la Audiencia Nacional José Alberto Fernández Rodera, el presidente de la Audiencia de Almería, Benito Gálvez, y al jefe del Servicio de Inspección del Consejo, José María Gil.

Para la Presidencia del Tribunal Superior de Galicia, el Pleno votará entre el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ gallego Juan Carlos Trillo (que es el candidato preferente de Calificación), el magistrado de la Audiencia de La Coruña Angel Judel y el del citado TSJ Miguel Angel Cadenas. A la terna propuesta por la Comisión, se han añadido otros tres candidatos, entre ellos, el actual presidente en funciones, Antonio González.

Estos nombramientos necesitan una mayoría de tres quintos, lo que dificulta la elección por las diferencias existentes entre los vocales de la mayoría conservadora y los de la minoría progresista. No obstante, el Pleno en su sesión anterior nombró a María Luisa Segoviano Astaburuaga, Rosa María Virolés Piñol y José Manuel López García de la Serrana magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y se cubrieron las tres vacantes que existían en la Sala Cuarta.

Los nombramientos de presidente de Audiencias Provinciales presentan un menor problema, ya que pueden ser elegidos con mayoría de once votos. Hay que nombrar a los presidentes de las Audiencias de Lleida, Huelva y Cuenca.

INFORME SOBRE EL CODIGO PENAL.

El orden del día del Pleno también incluye la ratificación de varios informes aprobados por la Comisión de Estudios del Consejo, entre ellos, el redactado por el vocal Adolfo Prego sobre la reforma del Código Penal, que es bastante crítico con aspectos fundamentales del anteproyecto de ley como la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la recuperación de penas sustitutivas de la prisión, como los arrestos de fin de semana, la libertad vigilada o la localización permanente.

El informe señala que "nada hay que objetar" a que el anteproyecto introduzca penas de cárcel para los integrantes de bandas criminales organizadas, aunque se opone a que estos delitos se incluyan en un título separado del Código Penal y no se haga en el apartado sobre crímenes cometidos con ocasión del ejercicio del derecho de asociación.

En cuanto a la prescripción, el informe propone que "el texto legal debe excluir expresamente la aplicación retroactivaa de la nueva regulación de las causas interruptivas" de esta garantía, "considerando la naturaleza procesal de los actos que producen tal efecto y el marco constitucional, que proscribe la aplicación retroactiva de las normas sancionadoras, no favorables o restrictivas de derechos, pero no impone la aplicación retroactiva de las favorables".

PLENOS ABIERTOS Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA.

El orden del día incluye también la propuesta del vocal de la minoría progresista Javier Martínez Lázaro de dirigirse al Ministerio de Justicia para trasladar al Gobierno la voluntad del Consejo de posibilitar la publicidad del Pleno del órgano de Gobierno de los jueces, aunque su apertura al público se hiciera "con las restricciones que puedan estimarse convenientes".

El Pleno someterá a votación la propuesta del vocal de la mayoría conservadora José Luis Requero de estimar parcialmente el recurso presentado por el juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sagunto, Pablo de la Rubia, y anular el acuerdo de febrero de la Comisión Permanente que entendió que "los jueces y magistrados no pueden ejercer el derecho a la objeción de conciencia, al estar sometidos únicamente al imperio de la ley". El Pleno anterior pospuso el asunto para estudiarlo con mayor detenimiento.

El juez De la Rubia, titular de un Juzgado con funciones de Registro Civil, alegó su derecho a la objeción de conciencia que le permita la abstención en los expedientes matrimoniales entre personas del mismo sexo. La Comisión Permanente lo rechazó, pero Requero, al que ha correspondido por reparto informar sobre el recurso De la Rubia, entiende que se debe considerar, "conforme al contenido natural del derecho fundamental a la libertad religiosa, por razones de conciencia, proclamado en el artículo 16 de la Constitución, la negativa del recurrente a intervenir, por razones de conciencia, en la tramitación de expedientes matrimoniales".