MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
En Comú lleva a debate y votación este martes al Pleno del Congreso una moción en la que reclama al Gobierno que se facilite la gestión del ciclo integral del agua a los municipios, favoreciendo que sean las administraciones públicas quienes se ocupen de forma conjunta de todo el ciclo ecológico del agua.
Por ello, llama a modificar la normativa de contratación pública para reducir los límites de duración de los contratos de gestión de los servicios públicos y facilitar que los ayuntamientos y la ciudadanía puedan ejercer un control efectivo sobre el agua y revertir la concesión, sin costes abusivos, para remunicipalizar el servicio.
Se trata de una iniciativa consecuencia de una interpelación urgente que la diputada de la formación catalana, Alicia Ramos, dirigió en la anterior sesión plenaria a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Durante este debate, Ramos pidió a Ribera que explicara si era partidaria de "la visión neoliberal de PP y Ciudadanos" o si apoya a los ayuntamientos en su lucha de "David contra Goliat" al enfrentarse a los "'lobbies'" de eléctricas y grandes multinacionales, a lo que la ministra respondió que los ayuntamientos deben tener "garantizada" la posibilidad de recuperar la gestión de este servicio.
ELIMINAR EL CANON CONCESIONAL
Ahora, el texto que la formación lleva a votación a la Cámara, reclama al Gobierno la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que "provocan la asfixia financiera" de los municipios y que, a su juicio, les "empuja" a privatizar la prestación de los servicios.
En Comú también considera como un incentivo hacia la privatización de la gestión del agua el canon concesional a pagar por la entidad suministradora, por lo que en esta iniciativa llama a eliminarlo.
Por otra parte, la moción recoge la creación de una Ley de Bases para la Regulación de los Servicios de Agua y Saneamiento en la que se reconozca el acceso a lo servicios básicos de agua potable como un derecho humano y que fortalezca las capacidades de los ayuntamientos ante los retos que implica la gestión de este servicio.
