LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad Autónoma se va a plantear el abandono de la sociedad 'Logroño Integración del Ferrocarril 2002' (LIF2002)(integrada por representantes autonómicos, locales y estatales) ante la "deslealtad" del Ayuntamiento de Logroño por "tomar decisiones sobre el soterramiento de forma unilateral y sin consultar al Consejo de Administración".
Los tres representantes autonómicos en la sociedad (suponen un 25 por ciento del Consejo de Administración), Antonino Burgos (consejero de Obras Públicas), Concepción Gamarra (portavoz del PP en el Ayuntamiento de Logroño) y Ángela Cenicero (secretaria general técnica de la Consejería de Hacienda y Empleo), ofrecieron hoy una rueda de prensa para informar de su postura.
Se refirieron a la reunión mantenida la semana pasada entre representantes del Ayuntamiento y técnicos responsables de la redacción del proyecto. Burgos lamentó que el resto de miembros del Consejo de Administración de LIF2002 "no fuimos invitados ni dimos nuestro consentimiento".
Tras la citada reunión, el Ayuntamiento anunció que los técnicos van a estudiar incluir en el proyecto dos propuestas municipales: la prolongación hasta los Lirios y el mantenimiento del actual edificio de la estación del tren.
Para el Gobierno regional, estos cambios son "castillos en el aire" y "meras declaraciones mediáticas" del Consistorio, que no están respaldados por ningún acuerdo de la sociedad y que ponen en peligro "la viabilidad económica y los plazos" del proyecto.
Gamarra subrayó que, si no se sigue el proceso establecido, el soterramiento "se retrasará y estará paralizado durante uno o dos años más".
Este periodo de dos años es el tiempo que se ha tardado, según indicó Gamarra, en tramitar el PERI Ferrocarril, que no contempla nada acerca de la prolongación hasta los Lirios ni del mantenimiento de la estación. Para incluir los cambios, "habría que tramitarlo de nuevo, lo que costaría, al menos, el mismo tiempo que hemos tardado con el PERI actual".
Además, desde la Comunidad Autónoma se considera que "es el peor momento para plantear estos cambios", puesto que "está a punto de terminarse el proyecto de la primera fase, cuyas obras pueden licitarse en breve", en palabras de Burgos.
Con estos argumentos, los representantes autonómicos solicitaron una "convocatoria urgente" del Consejo de Administración de la sociedad "para que el Ayuntamiento de una explicación de lo ocurrido y para tomar la decisión que corresponda respecto a los cambios que plantea".
Burgos señaló que las modificaciones propuestas por el Consistorio "pueden exceder el presupuesto contemplado en el convenio", y que la continuidad del gobierno regional en el proyecto "dependerá de su seriedad".
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