VALENCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Alicia de Miguel, pidió hoy al Gobierno central "más presupuesto" y "organización" si "va a distribuir más menores de edad inmigrantes --tal y como nos ha anunciado que se va a proponer-- desde Canarias a las diferentes comunidades autónomas", al tiempo que calificó esta solución de "absolutamente fuera del sentido común".
De Miguel respondió de esta manera a preguntas de los medios de comunicación después de la sesión de control celebrada en las Corts Valencianes, tras las declaraciones que realizó ayer el jefe del Ejecutivo canario, Adán Martín, tras reunirse con el presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que pedía la "distribución solidaria" de estos menores de edad inmigrantes por el resto de las comunidades.
Así, explicó que "no solamente van a repartir a las personas fundamentalmente subsaharianas que llegan de manera ilegal a las comunidades autónomas, sino que, además, esto va a ocurrir de igual manera por lo visto con los menores que llegan tanto del subsahara como del norte de África a Canarias ".
Al respecto, indicó que la postura del Gobierno valenciano es "volver a rogar e insistir al Ejecutivo de España que organice y planifique de una vez por todas las políticas de inmigración, intentando que las personas que entran ilegalmente en nuestro territorio sean las menos posibles".
Apuntó que el Gobierno valenciano ofrece su "colaboración leal, como siempre y con todos" pero, añadió, "tendremos que adoptar una serie de medidas en las que el Ejecutivo central contribuya de una manera principal a lograr atender a estas personas y a que su integración sea real, eficaz". Para ello "se necesitan presupuestos", dijo.
En este sentido, puso el ejemplo de que en la Comunitat, en estos momentos, alrededor del 50 por ciento de las plazas de los centros de acogida las ocupan menores extranjeros que llegan en situación de ilegalidad y que "no podemos devolverlos a sus padres porque no se nos permite, porque no existen ni conciertos ni convenios con sus países de origen".
Subrayó que el Gobierno de España "no pretenda que con los cuatro euros que está dando a las comunidades autónomas se puede hacer algo", y calificó la situación de "muy preocupante". Añadió que "es imposible conseguir una sociedad cohesionada, de igualdad de oportunidades, donde la no discriminación sea algo prioritario, con un elevado número de personas en situación de ilegalidad".
"Si ahora hay más ilegales en España que nunca es porque las políticas de inmigración han fracasado", destacó la consellera, al tiempo que reiteró la colaboración del Gobierno valenciano y su "lealtad" aunque, puntualizó, "la responsabilidad es del Gobierno de España, que es el que tiene la competencia en intentar, por encima de todo, que las personas que están aquí ilegalmente sean las menos posibles".
