MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha celebrado este miércoles la decisión adoptada la semana pasada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por la que avaló la actuación del TC durante el 'procés', "en unas circunstancias extremas en las que estaba en riesgo la unidad de España".
Conde-Pumpido se ha referido así a la decisión unánime del TEDH de inadmitir la demanda presentada por el ex vicepresidente del Parlament Josep Costa y otras 31 personas contra la causa por presunta desobediencia a los miembros independentistas de la Mesa de la Cámara catalana que presidió Roger Torrent.
"En esa sentencia el TEDH ratifica por unanimidad la sujeción de todos los poderes públicos a la supremacía de la Constitución y a las decisiones de este TC, que la interpreta", ha dicho en el marco del acto de conmemoración del Día de la Mujer celebrado este miércoles en el TC, que ha contado con la intervención de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nancy Hernández López.
El magistrado ha destacado que, con esta decisión, el TEDH también ha constatado que "las supuestas injerencias que los recurrentes denunciaban en el ámbito competencial de un parlamento autonómico eran manifiestamente infundadas".
"Y lo eran porque el TC, en todas las resoluciones recurridas, se había limitado a ejercer sus competencias para imponer sus decisiones en circunstancias extremas, aplicando las facultades que le atribuye la propia Constitución" y su ley orgánica, ha añadido.
Con todo, ha celebrado que dicha decisión "confirma la labor realizada en su momento por el TC en unas circunstancias extremas en las que estaba en riesgo la unidad de España".
Por otro lado, el presidente del TC ha querido valorar "la relevante función que, en la construcción de un Estado de Derecho Universal, le corresponde a los tribunales internacionales y, concretamente, en el ámbito específico de los Derechos Humanos, al Tribunal de Estrasburgo en el continente europeo y a la Corte de San José de Costa Rica en el continente americano".
"Suelo decir que toda la Historia de la Humanidad se puede concebir como una larga marcha para sustituir la violencia por el derecho como instrumento de resolución de los conflictos. Esta marcha ha culminado, tras muchos siglos de progreso de la civilización, en la efectiva constitución a nivel nacional de los estados de derecho", ha indicado.
En el caso español, ha subrayado que "el imperio de la ley" está "garantizado" por la Constitución, el TC, así como por los jueces del Poder Judicial, "que aplican nuestra Constitución y las leyes de una forma absolutamente independiente e imparcial".
Sin embargo, ha lamentado que "este imperio de la ley, garantizado a nivel nacional, no se ha conseguido instaurar a nivel internacional, donde lamentablemente todavía se sigue empleando en muchas ocasiones la fuerza como instrumento de resolución de conflictos, es decir, la barbarie de la guerra contra la razonabilidad del derecho".
"Por ello, es de una enorme relevancia la labor de los tribunales internacionales, que constituyen la avanzadilla de la justicia mundial, con unas resoluciones que van poniendo los pilares de este Estado de Derecho Universal por el que debemos trabajar todos los juristas", ha reivindicado.
UN SECTOR "MUY MASCULINIZADO"
La vicepresidenta del TC, la magistrada Inmaculada Montalbán, ha mostrado igualmente su preocupación por el "panorama mundial actual, de creciente inseguridad y acumulación de crisis de distinta naturaleza" que "está generando desconfianza en la democracia y reduciendo la participación cívica".
En concreto, ha puesto el foco en el llamamiento efectuado por ONU Mujeres a gobiernos, instituciones y sociedad civil para adoptar medidas contra toda forma de violencia, discriminación y explotación de mujeres y niñas.
Montalbán ha defendido que, para "cumplir con el mandato de eliminar los obstáculos que impiden hacer realidad la igualdad, resulta necesaria la perspectiva de género en la labor de interpretación y aplicación de las normas constitucionales", citando varias sentencias recientes en ese sentido, como la relativa a la equiparación de los permisos por maternidad para familias monoparentales.
Asimismo, ha puesto en valor "el papel protagonista de las mujeres juristas", concretamente en España, donde ha recordado que "las mujeres tenían vetado el acceso a los estudios universitarios y a las profesiones jurídicas" hasta las reformas legales de 1975 y 1981.
Pero también, ha apostillado, por "prejuicios y sesgos transmitidos a través de la Historia, como el de una supuesta inclinación innata a las tareas de cuidado y afecto propias de un ser biológicamente determinado para la procreación; o la eventual incompatibilidad de un trabajo racional, como es la aplicación e interpretación del derecho".
"Y es que ha de tenerse en cuenta que las profesiones jurídicas gestionan los ámbitos de legalidad e ilegalidad y, por tanto, se corresponden, con el ejercicio de poderes públicos muy importantes, tradicionalmente reservados a los hombres, siendo un sector profesional muy masculinizado hasta bien entrado el siglo XX", ha comentado.
Montalbán se ha detenido en el caso del TC para enfatizar que, a lo largo de su historia, ha tenido 63 magistrados frente a 10 magistradas --cinco actualmente--, entre ellas la única presidenta, María Emilia Casas.
"SIGAMOS AVANZANDO"
Por su parte, la presidenta de la CIDH ha puesto el foco en la violencia de género, denunciando que América Latina es una de las regiones del mundo más violentas para las mujeres, así como que en algunos países las tasas de impunidad alcanzan el 98 por ciento.
Hernández ha recalcado que la violencia doméstica no es un asunto privado, sino un problema de Derechos Humanos que los estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar porque, cuando el Estado no actúa, "no solo está ignorando la protección de las víctimas, sino que se convierte en cómplice de la discriminación y la impunidad", ha informado el TC.
Asimismo, ha hecho hincapié en que, en relación con la violencia sexual, la CIDH ha determinado que el consentimiento no puede inferirse en situaciones donde la víctima fue sometida a coacción, amenaza o intimidación, ni cuando el agresor ostenta una posición de autoridad sobre la víctima"
"La jurisprudencia ha trazado el camino, pero es nuestra responsabilidad como sociedad y como operadores jurídicos asegurarnos de que estas las leyes y los estándares se cumplan y evolucionen. Sigamos avanzando, con convicción hacia una justicia que no solo repare, sino que prevenga; que no solo sancione, sino que transforme. Porque solo en una sociedad donde los derechos de todas las personas sean plenamente respetados podremos hablar de verdadera democracia, equidad y Estado de Derecho", ha concluido.