Conde-Pumpido y Garzón aprovechan la toma de posesión del nuevo teniente fiscal para mantener una conversación privada

Actualizado: martes, 15 enero 2008 16:49

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el juez Baltasar Garzón coincidieron esta mañana en el acto de toma de posesión de Fernando Burgos como nuevo teniente fiscal de la Audiencia Nacional y aprovecharon el encuentro para mantener una conversación privada.

Conde-Pumpido fue el encargado de presidir el nombramiento, que se desarrolló a la una de la tarde en las dependencias judiciales. Después del acto la Fiscalía ofreció un aperitivo a los asistentes, entre los que se encontraba Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El juez, que se encontraba ocupado tomando declaración a detenidos, acudió a la copa con retraso. Transcurrida poco más de media hora desde la llegada del juez, el fiscal general y el magistrado abandonaron juntos la sala donde se desarrollaba.

La Fiscalía General del Estado recaba desde hace meses pruebas destinadas a promover ante el Tribunal Supremo la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV).

Según informaron hoy fuentes fiscales la Fiscalía General cuenta con base suficiente para preparar las demandas de ilegalización contra PCTV y contra ANV a raíz de los trabajos de investigación realizados después de las pasadas elecciones municipales del 27 de mayo.

Las mismas fuentes añadieron que los trabajos están muy avanzados y, sin fijar ninguna fecha concreta, indicaron que pretenden tener preparada la demanda de ilegalización que se presentará ante el Tribunal Supremo en contra del PCTV a finales de esta semana y la de ANV, la siguiente semana, todo a la espera de un informe global de la policía que les llegará entre hoy y mañana.

Por su parte el Juzgado del que es titular Garzón instruye dos diligencias, declaradas secretas, sobre las citadas formaciones, que podrían desembocar en una suspensión de actividades en caso de que existan pruebas suficientes que respalden esta iniciativa.