SANTANDER, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La sección primera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado las penas impuestas a dos conductores que se enfrentaron y agredieron a agentes de la Policía, y que suman en total tres años de prisión para ambos.
La sentencia, hecha pública hoy, desestima así el recurso de ambos procesados, que fueron condenados respectivamente a uno y dos años de prisión por delitos de atentado a agentes de la autoridad.
Según recoge el fallo del tribunal, los hechos por los que ha sido confirmada la sentencia dictada a finales de agosto del año pasado contra los dos acusados: Juan Pedro P.M. y Pablo P.M., ocurrieron a primeras horas de la madrugada del 24 de julio de 2007.
La sentencia considera probado que ese día, cinco policías nacionales y tres policías locales se encontraban realizando un control de seguridad en la avenida de Solvay, en Torrelavega, e interceptaron un vehículo que conducía el primero de los acusados, al que acompañaba una mujer, e inmediatamente, pararon otro coche que pilotaba el segundo procesado.
Registrado el primero de los coches, la Policía localizó, ocultos bajo la funda del asiento delantero derecho, ocho gramos de hachís, por lo que un agente comunicó al conductor que la droga sería incautada.
En ese momento, el conductor reaccionó insultando a los agentes, a la vez que se abalanzó contra uno de ellos, itentando agarrarle, pese a los intentos de sujetarle y calmarle realizados por la persona que le acompañaba en el coche, por lo que tuvo que ser reducido por el policía contra el que arremetió y por otro agente, ya que intentaba zafarse, lo que le provocó, según la sentencia, una esquimosis en el cuello.
A consecuencia de esta situación, la mujer que acompañaba al procesado, se puso nerviosa y tuvo dificultades para respirar, por lo que fue evacuada en una ambulancia al hospital Sierrallana.
Cuando esto ocurría, el otro acusado, amigo del primero, y queriendo acudir en su defensa, se lanzó contra los policías. Un agente intentó entonces interceptarle, ante lo cual, el procesado le agarró, le golpeó con la mano y le empujó contra su coche, donde le golpeó de nuevo en el codo y le mantuvo acorralado y sujeto mientras gritaba que iba a matar a todos los agentes y a sus familias.
Ante esta situación, un policía local y un policía nacional acudieron en ayuda de su compañero, para lo cual tuvieron que emplear una gran fuerza y golpear al agresor con la defensa reglamentaria para conseguir que soltara al agente.
En ese instante, el agresor emprendió la huida, si bien fue alcanzado al cabo de unos metros, detenido, y esposado. Sometido a un cacheo, se le incautó medio gramo de hachís, mientras en su coche se encontró una navaja de ocho centímetros de hoja, y restos de droga.
Además, y en el momento de ingresar en el calabozo, el acusado comenzó a golpear con el puño derecho contra la pared y, a continuación, propinó un cabezazo al cajetín metálico de la manguera contra incendios, debido a lo cual, sufrió traumatismo cranoencefálico, así como pequeñas heridas en las manos y contusiones lineales en brazos y espalda.
Por su parte, el agente al que agredió padeció una contusión en el codo derecho, con inflamación, de la que tardó en curar diez días durante los cuales estuvo impedido para el desarrollo de sus ocupaciones.
Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander condenó a ambos acusados, imponiendo al primero de ellos, Juan Pedro P.M., un año de prisión por un delito consumado de atentado, y el pago de una tercera parte de las costas, mientras Pablo P.M. fue sentenciado a dos años de prisión por el mismo delito, con la agravante de reincidencia, y a 180 euros de multa por una falta de lesiones, así como a indemnizar al agente que agredió con 450 euros y a abonar también la tercera parte de las costas.
Los dos condenados recurrieron la sentencia y ahora, la Audiencia ha confirmado la misma al señalar que los acusados acometieron a los agentes que se habían identificado previamente, por lo que conocían su condición. Además de confirmar en todas sus partes el fallo de instancia, el tribunal de apelación impone a los dos condenados las costas del recurso de alzada.
